El estudio muestra que solo el 45,4 % denunciaría. En cuanto a las razones que entregaron para justificar su silencio el 16,7 % dijo que era por temor a represalias laborales y el 9.9 % comentó que no lo haría por la ausencia de mecanismos que garanticen la protección del denunciante. La encuesta del Dane tiene como objetivo monitorear la gestión institucional del país.
Asimismo, el 9,4 % mencionó que los casos denunciados nunca se investigan, ni se castigan. Mientras que el 8,4 % dijo que se quedarían callados por temor a represalias contra su integridad o su vida. El 2 % advirtió que los trámites para hacer una denuncia son muy complicados.
En cuanto a la pregunta: ¿Cuál es el factor que más puede influir para que se presenten prácticas irregulares en la administración pública? El 41,7 % dijo que era por la ausencia de valores éticos, mientras que el 13,6 % mencionó que era por los bajos salarios. A continuación el cuadro completo:
La encuesta se hizo a 22.187 servidores públicos de 170 entidades de todo el país. La recolección de datos se hizo del 15 de julio al 31 de agosto de 2016.
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