Sistema judicial colombiano es ineficiente: Departamento de Estado de EE. UU.

Es lo que dice la entidad diplomática en su más reciente informe sobre la situación de derechos humanos en 2015.

 
Foto: Wikimedia Commons

Sobre Colombia, el Departamento de Estado dice que los problemas más graves registrados el año pasado fueron “la impunidad, un sistema judicial ineficiente, el desplazamiento forzado, la corrupción y la discriminación social”.

El informe, publicado el miércoles en la página web de la entidad, agrega:

Un ineficiente sistema de justicia sometido a la intimidación limitó la capacidad del Gobierno para procesar efectivamente a los individuos acusados de abusos contra los derechos humanos, incluidos los antiguos miembros de grupos paramilitares”.

El Departamento de Estado reconoce que el Gobierno le dio prioridad a los casos de abusos contra los derechos humanos y que incluso aumentó el presupuesto de la Fiscalía General, con el objetivo de investigar esas situaciones. Sin embargo, el documento agrega:

No obstante, el sistema, en general, falló a la hora de cerrar casos de forma rápida y eficiente”.

Y por si fuera poco, el Departamento de Estado agrega a la lista de problemas registrados en 2015 los siguientes:

  • Asesinatos extrajudiciales e ilegales
  • Ritmo lento de investigaciones, juicios y acusaciones en casos relacionados con asesinatos extrajudiciales
  • Colaboración de militares insubordinados con miembros de grupos armados ilegales
  • Desapariciones forzadas
  • Hacinamiento e inseguridad en las prisiones
  • Hostigamiento y  ataques contra grupos y activistas de derechos humanos, que incluyen amenazas de muerte y asesinatos
  • Violencia contra mujeres adultas y adolescentes
  • Tráfico de personas
  • Trabajo infantil ilegal

Además, el informe asegura que las Farc y el Eln, así como los grupos de crimen organizado (algunos con exparamilitares en sus filas) siguen siendo los principales responsables de los siguientes abusos:

  • Asesinatos políticos
  • Asesinatos de miembros de miembros de la Fuerza Pública y de funcionarios locales Uso extendido de minas terrestres y artefactos explosivos improvisados
  • Secuestros y desapariciones forzadas
  • Violencia sexual y de género
  • Soborno e intimidación de jueces, fiscales y testigos
  • Infracción de los derechos a la privacidad de los ciudadanos
  • Restricciones a la libertad de movimiento
  • Extendido reclutamiento de niños para el combate
  • Ataques contra activistas de derechos humanos
  • Asesinatos, hostigamientos e intimaciones a profesores y sindicalistas

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