Todo porque a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1760 quedó consagrado que la Fiscalía y la Justicia tendrán un plazo máximo de un año para resolver la situación de las personas sindicadas con privación preventiva de la libertad. De no hacerlo, quienes estuvieran detenidos en calidad de sindicados sin que se iniciaran sus respectivos juicios podrían reclamar su libertad al cumplir los 12 meses tras las rejas, señala Semana.
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La Ley empezó a regir el 6 de julio de 2015, y un año más tarde el propio gobierno se dio cuenta del inmenso lío creado por esa norma, relata la revista.
Para julio de 2016 por lo menos 10.000 sindicados estaban listos para recobrar la libertad, pues ya había pasado un año y aún no se iniciaban los juicios. Ante la inminente excarcelación, el Gobierno convocó de urgencia al Congreso para expedir otra ley que amplió un año más el plazo para mantener las medidas de aseguramiento y resolver la situación jurídica. Pero, ese nuevo plazo termina al comenzar julio.
El país está enfrentado a este riesgo por la falta de una política criminal seria y definida. La Ley 1760 que puede beneficiar con la libertad a un padre de familia que no pudo cumplir con su cuota alimentaria también cobija a un sicario peligroso o a un temido atracador
Ante esta situación el fiscal general, Néstor Humberto Martínez dijo a la revista Semana:
“En la medida en que la Fiscalía sea más efectiva, más se va a colapsar el sistema penal acusatorio. Hoy hay represadas 112.000 audiencias en todo el país como resultado de que el sistema judicial no tiene alternativas. El número de jueces en 1994, cuando yo era ministro de Justicia, es prácticamente el mismo que existe hoy en 2017, 23 años después. Adicionalmente, el sistema demuestra que en un año ni siquiera se alcanza a instalar el juicio oral”.
El gran factor que hay que tener en cuenta es la grave implicación que puede tener la seguridad ciudadana, si esto llegara a suceder, reitera la revista.
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