Así lo revela en su columna de la revista Semana Daniel Coronell, quien dice que el Tribunal Superior de Bogotá encontró la decisión de Rodríguez Alzate tan contraria a la ley, “que solo es posible explicarla a partir de un presunto interés dirigido a favorecer ilícitamente a los procesados”.

La víctima es el comerciante de Sanandresito John Eduard Palacios, quien fue retenido contra su voluntad por el prestamista John Freddy Silva, alias ‘El Borreque’, porque no pudo pagarle una deuda. El lugar del cautiverio fue la casa del patrullero de la policía antinarcóticos José Luis Rincón y su esposa, conocida con el alias de ‘La Higuaza’.

De acuerdo con el relato de Coronell, la familia del comerciante fue obligada a escriturar varias propiedades a nombre del secuestrador.
El comerciante logró escapar con ayuda de una de sus captoras y poner en conocimiento de las autoridades el caso.

Pero lo insólito del caso es que con el cambio del delito por parte del fiscal, los inmuebles no pudieron ser recuperados.

Los títulos de las propiedades firmados bajo amenazas tampoco fueron cancelados alegando que los bienes estaban a nombre de terceros que no habían sido convocados al proceso”, dice Coronell.

Pero lo más aberrante del caso es que el fiscal sigue en su cargo.

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