Uno de los argumentos del presidente Juan Manuel Santos para no firmar la ley de formalización laboral a madres comunitarias, es que al contratarlas por el Estado eso “implicaría un incremento en las finanzas públicas”, ya que el presupuesto destinado aumentaría en unos 769.000 millones de pesos, según informa La F.m.

Esto, porque el personal pasaría de 6.000 a 61.000 madres comunitarias, lo que generaría una sobrecarga en el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF). Además, agrega la emisora, el Presidente dice que hay un concepto negativo, por recomendación del Ministerio de Hacienda, debido al “impacto fiscal”.

Entre otros argumentos del Gobierno para rechazar esta ley, y que cita la cadena radial, es que desde 2014 “las madres comunitarias reciben un salario mínimo y gozan de protección laboral a través del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar”.

Las madres al cuidado de la infancia en los hogares de Bienestar Familiar ya habían exigido al Estado que cumpliera con el fallo de la Corte Constitucional, en cuanto a seguridad social y contratación formal a término indefinido para ellas, agrega RCN Radio.

Ante este panorama de incertidumbre para las madres comunitarias, la representante a la Cámara y ponente del proyecto Ángela Robledo dijo que el Gobierno ignora la orden de la Corte Constitucional.

LO ÚLTIMO