El proyecto de ley que pretendía prohibir los cobros por reconexión y reinstalación de servicios públicos domiciliarios fue frenado por considerarlo “inconstitucional e inconveniente”, indicó la Presidencia en un comunicado.
La norma “vulnera el principio de solidaridad y constituye un factor de inequidad contra las personas que pagan oportunamente sus obligaciones”, agregó la información.
La otra iniciativa, que buscaba fortalecer la política para atender integralmente la infertilidad, fue objetada por el jefe del Ejecutivo porque “vulnera el principio de sostenibilidad fiscal”.
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La razón que se tuvo en cuenta, según la Presidencia, fue el alto esfuerzo fiscal frente a la baja prevalencia de la enfermedad dentro de la población colombiana.
Santos destacó que “los tratamientos de infertilidad (inseminación artificial intrauterina y fecundación in vitro) para toda la población que lo requeriría, pueden llegar a costar cerca de 13 billones de pesos”.
Tras la objeción, el Ejecutivo no designó una fuente adicional de recursos para los tratamientos de la infertilidad y destacó que ya se cuenta con una completa política en ese sentido.
Por otra parte, el Gobierno esperará que la Corte Constitucional tome una decisión sobre la iniciativa que pretendía prohibir los cobros por reconexión, para poder “reglar el tema con la seriedad y la seguridad jurídica que el país necesita”.
Con EFE
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