La víctima de este insólito caso es Elsa María Miranda, una mujer iletrada de 51 años que vive en un deprimido sector del barrio Cantaclaro, en Montería (Córdoba). Ella se enteró hace dos meses en una notificación, que le leyó una vecina, que la Registraduría abriría un proceso sancionatorio en su contra por la inasistencia o abandono de la jornada electoral.

La mujer contó, a Montería Radio 38 grados, que cuando se presentó en la Registraduría local para aclarar su situación la amenazaron con ponerle una multa de más de un millón de pesos, y que hasta le dijeron que si no pagaba le podían embargar lo poco que tiene.

“No sé leer ni escribir (…) Esto me desespera porque no tengo con qué pagar esa plata”, manifestó Miranda en medio del llanto.

Esta ama de casa narró en La F.m. que en la entidad le iban a poner “a firmar una constancia de que yo estaba de acuerdo a pagar un millón de pesos. Pero no lo firmé porque era un atrevimiento”.

Como la situación que hoy vive Miranda ocurre con unas cinco mujeres más de la población, la defensora del pueblo regional para Córdoba, Silvia Villa, dijo en la emisora que con una declaración juramentada de un testigo los afectados pueden pedir que se les revoque la sanción “considerando que la señora Elsa Miranda por no saber leer ni escribir no era una persona hábil para ejercer este deber”.

Esa reclamación fue pactada para este viernes siete de abril.

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La cadena radial asegura que la Registraduría dijo, extraoficialmente, que hasta el momento no hay una sanción en firme contra ella, y que posiblemente fue inscrita como jurado de votación por parte del Centro Democrático.

En entrevista con el informativo GS Noticias el secretario de gobierno de Montería también mencionó al colectivo político, y dijo que casos como este pasan en todo el país ya que los partidos son los que entregan información de los jurados y testigos electorales sin, muchas veces, verificar esos datos.

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