El acta de la respectiva solicitud ya fue firmada por Velásquez, que fue secretario general de la Presidencia, mientras que Pretelt, exministro del Interior, la firmará después de Semana Santa, informó Caracol Radio.

Pretelt y Velásquez fueron condenados, junto con el exministro de Salud Diego Palacio, en 2015, por haber entregado prebendas a los excongresistas Yidis Medina Padilla y Teodolindo Avendaño para que votaran a favor del acto legislativo que aprobó la reelección presidencial inmediata en 2004, y que favoreció a Uribe.

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“Yo aspiro a que haya renuncia a la persecución penal a mi favor, amparado en la ley aprobada por el Congreso […]”, escribe Pretelt  en el correo que le envió al secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Néstor Raúl Correa. “En la ley está muy claro que colaborar con la verdad no es aceptar culpabilidad sobre los delitos. Creo que se ha presentado una tergiversación terrible en el caso de Diego Palacio. Me parece necesario y le agradecería que usted, cuanto antes, haga aclaración ante los medios sobre el particular”.

Agrega que, en su caso, “en la posible acta deberá quedar claro que solicitar la renuncia a la persecución penal no implica nada distinto a decir la verdad, que ya la he dicho hasta la saciedad, e informar el lugar de residencia y no salir del país sin previa autorización hasta que no llegue la decisión definitiva. De lo contrario, yo me vería en la obligación de no solicitar la libertad”.

El cuidado con que Pretelt expone su intención de someterse a esa jurisdicción apunta a evitar malentendidos como el que se presentó, a comienzos de esta semana, cuando Correa aseguró que Diego Palacio había admitido que habían comprado votos en el Congreso para lograr la reelección de Uribe.

Palacio, en diálogo con W Radio, aseguró que no busca “un trato preferencial, sino la aplicación del marco de justicia aprobado”, y explicó que “el acuerdo es claro en que el deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidad. Para mí sería ideal que un tribunal imparcial revisara mi caso pero aplica pedir la renuncia a la persecución penal”.

“Yo no parto de lo que los abogados llaman la verdad real; yo parto de lo que se llama la verdad procesal: que yo estoy condenado por cohecho por dar y ofrecer, y llevo 23 meses encerrado, y mi condena es de 80 meses”, explicó Palacio a esa frecuencia. “Por lo tanto, yo parto de esa verdad procesal, compártala o no la comparta, yo no hice lo que los jueces dicen que hice, pero independientemente estoy condenado porque los jueces dijeron que ellos creían que yo sí lo había hecho. Entonces, yo no discuto lo que yo pienso, sino que me pego de lo que dicen los jueces y dogo: eso que están diciendo los jueces, que fue la justificación para meterme a la cárcel, eso tiene relación con el conflicto”.

Con las solicitudes de Perelt y Velásquez, lo que se pone de presente nuevamente es el tema de conexidad entre el delito de cohecho por el que fueron condenados y el conflicto armado. “En este caso, lo que haría factible es que se buscaba, más allá de la reelección de Uribe, la reelección de la política de seguridad democrática, considerada herramienta fundamental en la lucha contra las Farc”, explicó el jurista Hernando Herrera, integrante del equipo de ‘6AM Hoy por Hoy’, de esa emisora.

“Parece que hay una sucesión que muestra que hay una decisión colectiva de exfuncionarios de Uribe de buscar una salida a su situación jurídica, a través de de la Justicia Especial para la Paz”, agregó Álvaro García, de Red Más Noticias.