Para empezar, la compra del inmueble, ubicado en la carrera 9 # 16-21, la hizo en 2013 el renunciado defensor Jorge Armando Otálora, por más de 13.000 millones de pesos en unas curiosas condiciones: adquirió todo el edificio, pero no el primer piso, ni el mezanine (nivel entre el primero y el segundo piso) ni los locales. Es decir que la Defensoría está en el sótano y los pisos dos a once.
A esos espacios acaban de trasladarse más de 600 funcionarios que antes trabajaban en dos edificios de la sede Chapinero (bloques A y B), estructuras condenadas a la demolición porque no eran sismorresistentes.
Pero, paradójicamente, ese factor determinante en la decisión de derrumbar los edificios de Chapinero y de trasladar el personal es el principal riesgo que se cierne sobre quienes están en la nueva sede de la Defensoría en el centro, pues el edificio tampoco cumple con las normas básicas de sismorresistencia (fue sometido a un refuerzo estructural) y, además, presenta otras graves deficiencias, pese a que en los años siguientes a la compra se han invertido recursos para su adecuación, denunciaron funcionarios y usuarios a Pulzo.
Dicen los que se quejan de la situación que las instalaciones tampoco cumplen las normas sobre riesgos laborales y seguridad industrial, ni las normas internacionales que regulan instalaciones de atención al público. Esto, porque más de 90 personas laboran en un solo piso, y los puestos de trabajo no tienen el espacio necesario entre funcionario y funcionario para que cuenten con un mínimo de privacidad en la recepción de solicitudes de los ciudadanos.
Pero quizá lo más grave es que el Centro de Atención al Ciudadano quedó en el sótano del edificio, lugar en el que el frío penetrante constituye un factor de riesgo de enfermedades, tanto para servidores públicos como para usuarios, y su acceso está rodeado de locales comerciales.
A esto se suman dos obsoletos ascensores que, por su antigüedad y falta de mantenimiento, representan un peligro para funcionarios y usuarios. En realidad, solo uno presta servicio, pero intermitentemente (una semana sí, una semana no), “porque permanece dañado por lo menos tres días a la semana”, agregan las quejas.
Con esta situación no se tienen en cuenta las personas mayores de edad, las que presentan discapacidades y las que tienen restricciones médicas o enfermedades por las que tienen prohibido subir y bajar escaleras. En todo caso, día a día, la gente sube y baja escaleras, y los casos más críticos son los de quienes tienen que ir a los pisos superiores (8, 9, 10, 11) por algún trámite.
Así, las escaleras se han convertido en escenario de trancones y tropiezos entre funcionarios y usuarios. Y eso no lo alcanza a aliviar el ascensor que a veces está en servicio, por su falta de capacidad.
Otras quejas están relacionadas con la insuficiencia de baterías sanitarias para la cantidad de funcionarios, la inexistencia de baños independientes para usuarios (dos baños por piso), la falta de espacios en oficinas y corredores que permitan la evacuación de personal en caso de incendio, terremoto o cualquier emergencia, y la falta de equipos de prevención y atención de emergencias en cada piso.
Pulzo estableció contacto con la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional para conocer la versión de la entidad, y allí adujeron estar ocupados en otros asuntos.
Para algunos expertos, como César Rodríguez, director de Dejusticia, citado por El Tiempo, los retos del nuevo Defensor del Pueblo que remplace a Otálora (que será escogido este martes por la Cámara de Representantes de la terna que le envió el Presidente) incluyen hacer que la entidad sea “aún más relevante y activa en un contexto probable de posconflicto, y tenga mayor presencia en las zonas campamentarias de concentración”.
Pero la situación en la ‘nueva’ sede del centro hace pensar también en que definitivamente el principal de esos retos es sacar a la entidad del estado calamitoso en que está, y que, como el viejo edificio al que se trasladó, es resultado de vicios como la politiquería que la han venido corrompiendo en los últimos años.
De hecho, Rodríguez ubica en el primer lugar de los retos principales para el nuevo Defensor el de “restaurar la imagen y credibilidad de la Defensoría, y su magistratura moral”.
Distribución actual de dependencias
Sede Centro
- Despacho del Defensor
- Despacho del Vicedefensor
- Secretaría Privada
- Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
- Oficina de Asuntos Internacionales
- Oficina de Control Interno
- Oficina de Control Interno Disciplinario
- Oficina Jurídica
- Secretaría General
- Despacho del Secretario General
- Subdirección de Gestión del Talento Humano
- Subdirección Administrativa
- Subdirección Financiera
- Defensoría Regional Bogotá
- Defensoría Regional Cundinamarca
- Centro de Atención Ciudadana (Regional Bogotá)
- Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos
- Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas
- Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales
- Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de DD.HH. y DIH – SAT
- Defensoría Delegada para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad
- Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales
- Defensoría Delegada para los Derechos de la Población Desplazad
Sede Chapinero
- Defensoría Delegada para la Infancia, la Juventud y Adulto Mayor
- Defensoría Delegada para la Orientación y Asesoría de las Víctimas del Conflicto Armado Interno
- Defensoría Delegada para la Política Criminal Penitenciaria
- Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente
- Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género
- Defensoría Delegada para los Indígenas y las Minorías Étnicas
- Defensora Delegada Derechos Económicos Sociales y Culturales
- Defensoría Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras
- Dirección Nacional de Defensoría Pública
- Oficina de Planeación
- Oficina de Sistemas
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