Lo primero que intentan aclarar es que aparentemente no es cierto que un decreto expedido por el entonces alcalde de Mosquera, Álvaro Rozo Castellanos, que cambia el uso del suelo de agrícola a industrial, haya generado una plusvalía extraordinaria sobre los predios que compraron en 2006.
Los Uribe aseguran que para el año 2000 esas tierras ya tenían el carácter industrial y que un Plan Parcial, por sí solo, no puede modificar el uso del suelo. Esa atribución corresponde únicamente al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) aprobado por el concejo municipal, indicaron.
Coronell sostiene que el alcalde Rozo Castellanos les hizo un par de favores a los hermanos Uribe:
- Cambió el uso de la tierra pasándola a explotación industrial.
- Amplío el índice de construcción al pasar del 50 % al 75 %.
Sin embargo, Tomás y Jerónimo mencionan que una providencia (no indican cuál) precisa que el alcalde de Mosquera no vulneró la “moralidad administrativa” con la firma de esos decretos, según lo denunció Daniel Coronell en su columna.
Y, además, que no hubo afectación al patrimonio público de ese municipio. Agregan que el precio de venta por metro cuadrado, que para efectos de la denuncia periodística estuvo en $ 19.000, “se da por diferencias en la forma y área útil de cada predio”.
También dicen que no es cierto que el índice de ocupación del parque industrial de su propiedad sea del 75 %, sino que es menor al 50 %. Y añaden que “es un hecho probado que ser Zona Franca no incrementa el valor presente de la tierra sobre la cual se desarrolla”.
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Por su parte, Daniel Coronell dice que los supuestos favores de Rozo Castellanos sí tuvieron efecto en la inversión de los dos hermanos. Que estos favores se pagaron con respaldo político del expresidente y que una muestra de eso es el apoyo que dio Uribe a Yenni Rozo (hija del exalcalde) en su aspiración a la Cámara de Representantes.
La carta, de 5 puntos, que publicaron este domingo los hijos de Uribe dice:
La verdad se soporta en hechos:
Llevamos 15 años emprendiendo con estricto apego a la Ley y a la moral. Por el hecho de ser hijos de Álvaro Uribe Vélez, todos nuestros emprendimientos han sido investigados múltiples veces por diferentes autoridades. En todos los casos se ha demostrado nuestro correcto proceder y refutado sin lugar a dudas las falsas acusaciones. Las 213 columnas que ha escrito Daniel Coronel en contra de nuestra familia, reiterando mentiras probadas, le demuestran a la opinión pública la gravedad de su obsesión. En esta ocasión, a pocos días de elecciones, repite al pie de la letra las 5 columnas que sobre la materia nos dedicó hace exactamente 9 años, en abril de 2009. Como siempre, estamos dispuestos a aclarar nuestro proceder. En esta ocasión lo hacemos soportados en tres providencias en firme de la rama judicial:
1. Los predios son de uso industrial desde el año 2000. El uso del suelo sólo puede modificarse mediante un P.O.T. aprobado por el Concejo. Un plan parcial NO modifica el uso del suelo, es un requisito para desarrollar el uso establecido. Por lo tanto no es un privilegio obtenerlo, sino un deber tramitarlo. Las providencias no encontraron ninguna clase de favorecimiento indebido en estos trámites.
2. La liquidación de la plusvalía está plenamente soportada. La plusvalía de estos predios se genera por el cambio del uso del suelo del año 2000. El avalúo que soporta la plusvalía es retroactivo al año 2000.
3. Los precios de todas las operaciones comerciales están soportados. Las diferencias en los precios de venta por metro cuadrado de tierra bruta se dan por diferencias en la forma y área útil de cada predio.
4. La Zona Franca de Occidente es uno de los parques industriales con mejores especificaciones urbanísticas en Colombia, con un índice de ocupación efectivo inferior al 50%. Es un polo generador de empleo e inversión en el occidente de la Sabana. Es un hecho probado que ser Zona Franca no incrementa el valor presente de la tierra sobre la cual se desarrolla.
5. Al desarrollo normativo y técnico y a la defensa jurídica de este proyecto han contribuido personas de las más altas calidades profesionales y morales, y que gozan de amplio reconocimiento en el gremio de la construcción. Dice una de las providencias “Los derechos colectivos no han sufrido menoscabo… El patrimonio público del municipio no ha sufrido mengua… La moralidad administrativa no ha sufrido ningún acontecimiento del cual se pueda inferir su vulneración”.
Contrario a quienes nos acusan, no tenemos contratos con ministerios, familiares dirigiendo entidades públicas de contratación millonaria o canal de televisión y noticiero adjudicado por el gobierno. Nuestra actividad empresarial ha estado confinada al ámbito privado.
Tomás Uribe Moreno y Jerónimo Uribe Moreno
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