La medida refleja un cambio de concepción sobre las fotomultas, que deben estar orientadas a la reducción de la accidentalidad y no solo al lucro de los concesionarios propietarios de las cámaras.
Así está plasmado en el proyecto de ley que, con ponencia del senador Mauricio Aguilar, entra a conciliación en Cámara la tarde del viernes y a Senado, el martes, y quedará listo para sanción presidencial.
El viceministro de Transporte, Alejandro Maya, dijo a RCN Radio que nos les interesan las cámaras ocultas detrás de los árboles o en las curvas, simplemente para recaudar, y que eso quede en manos de los privados.
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“Se han venido cometiendo una serie de irregularidades y abusos, que lo hemos denominado asalto a mano armada porque unos pocos se han venido enriqueciendo a costillas del bolsillo de los conductores y propietarios de vehículos, sin ningún tipo de regulación, de control”, dijo Aguilar a La W, que manifestó su preocupación por las demandas que pueda haber contra el Estado.
Aunque la ley no es retroactiva (con lo que supuestamente se evitan las demandas), los concesionarios actuales tendrán un plazo de 6 meses para justificar la ubicación de las cámaras y, de ser necesario, tendrán que reubicarlas.
A los concesionarios se les mantendrá, sin embargo, el porcentaje de la multa con que se quedan, actualmente entre el 60 % y 70 %. Pero en los nuevos contratos no tendrán más de 10 %.
El proyecto establece, así mismo, que la fotomulta debe ser notificada en 3 días al infractor, al correo electrónico o dirección física (por correo certificado) que tiene registradas en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Mantener esta dirección actualizada es responsabilidad del conductor.
La idea, según Aguilar y Maya, es prevenir la accidentalidad, y apoyar lo establecido en el Plan Nacional de Seguridad Vial y el Código de Tránsito.
En el año 2010 en Colombia se realizaron 975 fotomultas; en el 2016, 5 millones 600 mil, según datos de Aguilar.
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