Dudan, y ven riesgo para la seguridad nacional, con el manejo e implementación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, acordadas con las Farc en diferentes regiones del país.

Aseguran que el grupo guerrillero, en tránsito a la vida civil, tiene un interés manifiesto de crear a toda costa zonas permanentes y no de carácter transitorio en los sitios acordados.

El objetivo de las Farc, de acuerdo con la misiva de los oficiales retirados, es “conformar peligrosos asentamientos con grupos no desmovilizados y comunidades afectas, que potencialmente y hacia el futuro inmediato, se constituirían en graves amenazas y factor de perturbación, tal como aconteció en el pasado con las llamadas ‘Repúblicas Independientes’, que tanto daño causaron a la integridad territorial de la nación”.

Cabe recordar que el término ‘repúblicas independientes’ fue acuñado por el establecimiento a mediados del siglo pasado para calificar las zonas en donde se produjeron unos asentamientos humanos que posteriormente dieron origen y propiciaron el fortalecimiento de las Farc como guerrilla.

Otro aspecto en el que ven un peligro los oficiales retirados es el de la conformación en la Unidad Nacional de Protección “de una organización constituida por escoltas pertenecientes a las Farc y por otros miembros con funciones administrativas, en desarrollo de los esquemas de seguridad acordados para la implementación de este programa”.

“Por razones obvias de seguridad, y en razón a lo que representa un grupo armado de estas características, se requiere establecer con carácter prioritario estrictos mecanismos de supervisión por parte de la Fuerza Pública, a fin de evitar riesgos futuros que generen intranquilidad ciudadana en cualquier lugar donde se desempeñen en cumplimiento de la tarea para la cual han sido creados”, dicen al respecto en la carta.

También advierten sobre el tratamiento diferenciado en materia de Justicia Transicional para miembros de la Fuerza Pública en situación subjudice por causa del conflicto armado. Para ellos, hay que aclarar la aplicación preferente del Código Penal Colombiano en todo el contenido del proyecto de Acto Legislativo que cursa en el Congreso y suprimir unos términos “innecesarios e inconvenientes en lo referente a la sustentación legal de las reglas operacionales que darían lugar a interpretaciones jurídicas equivocadas en perjuicio de los inculpados”.

Manifiestan, así mismo, “gran preocupación” por la presencia en la Comisión que elegirá a los Magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de “algunas personas, particularmente extranjeros, que no ofrecen a nuestras instituciones militares y de policía mayor garantía en cuanto a imparcialidad, respecto a las funciones que les correspondería dentro de esta jurisdicción”.

Por último, relacionan su preocupación por el aplazamiento de dar tratamiento especial diferenciado a miembros de la Fuerza Pública en materia de suspensión de la persecución penal y libertad transitoria anticipada frente a la amnistía e indultos que se otorgaran a corto plazo a integrantes de las Farc, como está siendo anunciado por parte de la oficina del alto comisionado para la paz.

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