Para el exmagistrado Jaime Córdoba Triviño es absolutamente válido, ya que por el solo hecho de ser colombiano, por esa sola condición e independientemente del rol, tiene legitimidad para intervenir ante la Corte, informó El Espectador.

Iván Cepeda coincide con esta apreciación. “Es perfectamente válido que la Corte escuche a la guerrilla sobre un tema que atañe al proceso de paz, más aún en el actual estadio del desarrollo del proceso. Es una posibilidad bastante realista y sensata. Es necesario que los acuerdos tengan plena estabilidad jurídica y que se pueda garantizar que, una vez sean firmados, van a ser respetados por las partes y a futuro por quien llegue al poder”, dijo al diario capitalino.

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Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo con la propuesta. Roy Barreras, presidente  de la Comisión de Paz del Senado dijo que “esto lo que hace es enrarecer el ambiente. No debe haber un debate prematuro sobre temas de fondo, cuando aún no estamos llegando a esas conclusiones en la mesa de La Habana ni en el Congreso”, señaló este medio.

Samuel Hoyos, representante a la Cámara del Centro Democrático, es radical en su posición: “el Gobierno, la Corte y Montealegre pueden decir hasta misa, pero mientras lo que hagan no respete y sea un atropello a la Constitución, así quieran darle apariencia de legalidad, nosotros y todo el pueblo colombiano lo vamos a desconocer”, dijo al periódico.

El senador Ernesto Macías, también del Centro Democrático, calificó esta posibilidad como “muy grave”, mientras que Carlos Felipe Mejía, del mismo partido, lo consideró como lamentable.

Para Álvaro Leyva, uno de los asesores jurídicos en la Mesa de La Habana, dijo que el traslado de los negociadores de la guerrilla a Bogotá se podría hacer sin inconvenientes, como ya lo han hecho en anteriores oportunidades, indicó Noticias Uno.

El procurador, Alejandro Ordoñez, manifestó su desacuerdo. “Mientras ellos no estén en la legalidad, tienen limitaciones en el ejercicio de sus derechos”, concluyó el noticiero.

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