El cambio más significativo tiene que ver con el área sembrada para que sea considerado un pequeño cultivador ilícito. “Antes se hablaba de un área de 3,8 hectáreas, y hoy, luego de revisar diversos criterios técnicos, esta se rebajó a 1,7”, explicó el ministro Botero citado en un comunicado de su despacho.
La norma de ahora busca vincular a la legalidad a cultivadores que por razones de marginalidad y pobreza se vieron forzados a dedicarse a los cultivos ilícitos.
“Su aplicación exitosa llevará a la reducción del número total de hectáreas de este tipo sembradas en Colombia”, dijo Gil Botero quien recordó que esta iniciativa es para darle cumplimiento al acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la ahora exguerrilla Farc.
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El texto, además, excluye del tratamiento penal diferenciado a integrantes de grupos al margen de la ley, agentes del Estado y pequeños cultivadores en cuyas áreas de cultivo se encuentren sustancias, elementos o infraestructuras destinadas al procesamiento para la producción de drogas ilícitas.
El jefe de la cartera de Justicia añadió que la filosofía de este proyecto de ley concuerda con las preocupaciones de la comunidad internacional y atiende los lineamientos de las Naciones Unidas en materia de drogas.
Explicó también que la iniciativa contempla que se renuncia a la acción penal a todos los pequeños cultivadores que sustituyan sus cultivos ilícitos y no resiembren dentro un periodo de verificación que puede ser hasta de dos años.
La superficie dedicada al cultivo ilícito de la planta de coca en Colombia se extendió hasta 146.000 hectáreas en 2016, desde las 96.000 hectáreas registradas en 2015.
Según el Gobierno colombiano, desde enero de 2017 se han erradicado de forma forzosa 58.000 hectáreas de arbusto de coca, y confió en que se logren los resultados previstos mediante la sustitución voluntaria de cultivos.
Con EFE.
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