La iniciativa, que tiene siete artículos, pretende formalizar las tierras que fueron adquiridas por “poseedores de buena fe” y dejar sin efectos los procesos de recuperación de baldíos implementados por el Incoder.

Al respecto, Miguel Samper Strouss, director de la Agencia Nacional de Tierras, comenta que el proyecto “legalizaría el mayor despojo de tierras al Estado”:

Este proyecto impide realizar una política coherente de distribución de la tierra que responda a criterios de mayor equidad. Una [política] que beneficie a los más vulnerables. Sin tener la posibilidad de hacerlo con esa finalidad, se terminarían afectando de manera directa a esos doce millones de campesinos con los que tenemos una deuda enorme”.

“Lo más preocupante del proyecto es su expresa intención de reversar la recuperación de los baldíos, pues ello implica que los esfuerzos y los años invertidos por el Incoder para recuperar lo que les pertenece a todos los colombianos se reversarían”, agregó Samper Strouss, citado por un comunicado.

La iniciativa radicada por Tovar Rey cuenta con el respaldo de un grupo que se hace llamar Asociación para la Defensa de la Tierra y la Dignidad Llanera (Dignillanos) y se ha opuesto a esos programas con el argumento de que “el llano no es un baldío”.

De hecho, los conceptos de Dignillanos son el componente principal de la exposición de motivos del proyecto de ley:

El llano no es un baldío en tanto que ha sido explotado desde la llegada de los jesuitas en el siglo XVI”

Con base en esa postura, la asociación hace esta demanda:  “Exigimos al gobierno nacional que descarte del banco de tierras nuestros predios y revoque las resoluciones indiscriminadas que el Incoder expidió con este fin”.

Llama la atención que este proyecto de ley haya sido radicado el pasado 12 de octubre, después del plebiscito, ya que una de las razones por las que el uribismo se opone a los acuerdos de paz está relacionada con el tema de las tierras.

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