Universidad de la Sabana presentó documentos falsos para licitación con la Fiscalía

El centro académico había sido contratado para apoyar técnicamente el concurso de méritos de la entidad.

 

Sin embargo, cuando la Fiscalía iba a hacer el primer anticipo, por 420 millones de pesos, recibió un documento anónimo que advertía sobre irregularidades en los documentos presentados por La Sabana, informa Semana.com.

Una fuente de la Fiscalía, consultada por ese medio, explicó:

Se iniciaron las investigaciones y se encontró que algunos de los soportes eran falsos, por lo que se decidió suspender el acuerdo alcanzado”.

“No se pagó ninguna suma, pero se perdió un valioso tiempo en esta selección”, agregó ese funcionario.

Por su parte, Obdulio Velásquez Posada, rector de la universidad, confirmó lo sucedido a Semana: “Hace tres meses recibimos una noticia en la universidad sobre una hoja de vida que no era correcta y se había anexado en los requisitos para alcanzar el contrato con la Fiscalía”.

Descubrimos que se había escaneado la firma de un representante legal para certificar la experiencia laboral de unas personas con información que era inexacta”.

La universidad, además, desvinculó a los tres empleados involucrados en este asunto y decidió poner una denuncia penal contra ellos. Entre los trabajadores despedidos está “John Rubiano, jefe de la Unidad Visión Consultoría, que se encarga del manejo de las licitaciones y los contratos”, explica Semana.

Velásquez Posada, en entrevista con Blu Radio, añadió: “La universidad no hizo trampa. Fueron unos funcionarios que tuvieron unas actuaciones. Esto es muy delicado y no se puede minimizar (…) Incluso hemos identificado otros contratos más, unas hojas de vida que no tenían precisión”.

La Fiscalía y la Universidad de la Sabana, al conocer lo ocurrido, llegaron a un acuerdo para terminar el contrato que habían suscrito.

Fragmento del acta de terminación de contratoEsta situación afecta también a 223 personas que aspiraban a ascender en la Fiscalía, dice Semana.

Además, este problema hace que el proceso para asignar 700 nuevos puestos en el ente acusador quede suspendido, agrega la revista.

Esto porque el objetivo de la entidad era contratar a una universidad para “realizar la etapa 1 del proceso de selección mediante el concurso de méritos”, que tiene como fin de definir los ascensos y “proveer empleos vacantes”, según aparece en los documentos de la licitación.

El monto total del contrato era de 6.302’643.552 pesos, según el Sistema Electrónico de Contratación Pública.

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