Mientras que el proceso contra los patrulleros Nelson Rodríguez y Fredy Navarrete ya concluyó y cada uno fue condenado por 4 años por adulteración de la escena, porte ilegal de armas y favorecimiento al homicidio,  aún quedan pendientes cuatro procesos penales alrededor de este hecho, recuerda la abogada en entrevista a El Espectador.

  • Uno, ante la Corte Suprema contra el general Francisco Patiño, quien era el director de la Policía de Bogotá.
  • Otro, contra el patrullero que disparó y le quitó la vida a Diego Felipe Becerra.
  • Un tercero, por fraude procesal, contra la asistente del general Patiño, un coronel, un capitán de Inteligencia y una abogada de la Policía.
  • Y un cuarto, contra tres coroneles, dos subintendentes y dos patrulleros, acusados de alterar la escena.

En cuanto a este último punto, la alteración consistió en llevar una pistola y dejársela a Diego Felipe para que el patrullero justificara el hecho de haberle disparado, porque según la versión del policía que le disparó el grafitero acababa de atracar una buseta, afirmó Pachón en la entrevista hecha por Cecilia Orozco.

También le puede interesar:

Los patrulleros revelaron que Diego Felipe no tuvo nada que ver con el hurto, que él estaba pintando un grafiti cuando el patrullero Wílmer Alarcón lo requisó, que caminó con él unos metros, lo persiguió cuando Diego Felipe empezó a correr y le disparó por la espalda, relató la defensora.

Ella no entiende como después de cinco años no aparecen las pruebas que están en poder de la Policía y los agentes involucrados continúan siendo activos de la institución. A propósito del general Patiño, Pachón dice entre más alto el rango, más alto es el nivel de protección.

En la entrevista, la abogada deja claro que se renunciaría a cualquier compensación económica a cambio de que todos los involucrados confiesen la verdad y de que le restituyan el buen nombre a Diego Felipe.

“El subintendente Giovanny Tovar, quien llevó el arma a la escena para incriminar a Diego Felipe, también confesó, pero no ha podido acceder a beneficios porque él y su abogado han sido amenazados y no ha podido realizarse la audiencia para recibir condena”, dijo Pachón a Cecilia Orozco.

El abogado de Tovar, Jairo Acuña, reitera estas amenazas y dice que ese amedrentamiento comenzó desde septiembre de 2015 cuando comenzaron los seguimientos contra él, su defendido y sus familias,  señala El Tiempo.

El abogado afirmó en este periódico:

Estamos en un peligro inminente. Nos ha tocado quedarnos donde nuestros familiares. Los trabajos de mis hijos mayores también se truncaron; a uno le tocó renunciar”.

Tovar espera que esta semana se pueda legalizar el principio de oportunidad en el que se le condenaría por porte ilegal de armas, lo que le daría una condena de 8 años de prisión, concluyó este medio.

LO ÚLTIMO