La estrategia de seguridad fue confirmada por el presiente Juan Manuel Santos, que dijo este miércoles que una primera etapa del plan será la de reforzar las alertas tempranas, a cargo de la Defensoría del Pueblo, y activar los mecanismos de reacción por parte de las autoridades.
“Monitorear riesgos para la prevención de violaciones a los derechos a Ia vida, a la integridad, libertad y seguridad personal e infracciones al derecho internacional humanitario, operaciones y/o actividades de las organizaciones y conductas criminales, incluyendo organizaciones denominadas como sucesoras del paramilitarismo, en nivel nacional y territorial”, se lee en un comunicado de Presidencia.
Una segunda etapa consiste en la activación del ‘Plan Orus’, que según el Presidente permitirá brindar seguridad en 67 municipios del país “identificados como los de más alto riesgo”, y 595 caseríos en donde hacía presencia la desmovilizada guerrilla de las Farc.
En total, 63 mil hombres de la Fuerza Pública se tomarán estas zonas con la consigna de trabajar junto con la comunidad y brindar seguridad a líderes sociales y defensores de derechos humanos.
“Esa microfocalización quiere decir que en cada vereda va a haber un comandante responsable, y él será el responsable de la seguridad de esa vereda”, dijo Santos, y prometió “combatir con más efectividad estos asesinatos”.
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El último asesinato de un líder social ocurrió este lunes en la noche en la población de Patía (Cauca), cuando Alfonso Pérez Mellizo fue atacado con arma de fuego y le propinaron cuatro disparos luego de que saliera de una reunión con la comunidad de El Bordo, informó El País de Cali.
Hasta la fecha, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) habla de 105 líderes asesinados en lo corrido de este año, y muestra su preocupación ante la discusión que se teje de si hay o no sistematicidad en la mayoría de casos.
“Durante este año y hasta hoy 20 de diciembre, en el caso de defensores de derechos humanos y líderes un total de 105 homicidios, incluidos: 73 asesinatos contra líderes y lideresas, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos, y 14 víctimas durante movilizaciones sociales. Además, hay otros 11 casos en proceso de verificación”, informó el organismo internacional, de acuerdo con la revista Semana.
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