Un juez había decretado la prescripción de la condena a 75 meses de prisión porque, según su fallo, ya había pasado 6 años y 3 meses para la ejecución de la pena.

Pero el Tribunal Superior de Bogotá tumbó esa decisión y ordenó que Hernández sea traído al país para que responda por su delito.

Los magistrados revisaron el caso después de que el gobierno de Estados Unidos se mostrara indignado por la decisión de la justicia colombiana de librar de toda culpa al empresario y validó el argumento de que Hernández fue capturado en ese país 4 días antes de que vencieran los términos, informó Noticias Caracol.

En su momento, la embajada estadounidense manifestó que “se desconocieron los derechos de protección que tiene la víctima (…) para que se le garantice justicia y que no haya impunidad frente al daño causado”, en una carta enviada a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Con respecto al juez, esa magistratura inició una investigación disciplinaria y pidió otra de carácter penal para que la Fiscalía indagara posibles delitos dolosos, informó El Tiempo.

Por ahora, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Cristina Plazas, comentó al noticiero que la actuación de algunos jueces está “poniendo por encima los derechos de los violadores frente a los derechos de los niños”.

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