La denuncia la hace el concejal Julio César Acosta, que asegura que los bogotanos son los que pierden. Durante más de dos décadas los predios han sido explotados comercialmente por arrendatarios que con estrategias y demandas han logrado salir bien librados de procesos legales para no devolver los parqueaderos del estadio de Bogotá.

El Distrito ha perdido una millonada. Por un día en el que se celebra un partido de fútbol en El Campín ingresan al menos 2.500 vehículos; cada conductor cancela 12.000 pesos, un recaudo total (diario) de 30 millones de pesos, que deberían ir a la administración Distrital, según indagaciones de El Espectador. 

El problema comenzó en 1992 cuando Hernán Cortés Parada, director del IDRD en ese entonces, arrendó los parqueaderos norte y sur a Miguel Moreno Ramos por cinco años, con un canon mensual de 2.500.000 pesos. Las condiciones eran que en el segundo año el valor aumentaría un 20 % anualmente.

Sin embargo, antes de que se cumpliera el tiempo del contrato (en 1994) el exfuncionario se percató que se habían incumplido las cláusulas porque el espacio público se utilizó para otros negocios como casetas de comestibles e instalación de avisos publicitarios, denunció el concejal en un comunicado.

Ahí comenzó la lucha del Distrito que aún no termina. El IDRD terminó el contrato, pero Moreno Ramos pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anulara esa decisión. Interpuso una acción de tutela por violación al debido proceso, con la que logró no ser sacado, señaló el diario.

Aunque el contrato terminó en 1997, solo un año después el Tribunal de Cundinamarca ratificó la decisión a favor del Distrito, que fue apelada por Moreno. La demanda llegó al Consejo de Estado, donde el proceso duró cerca de 10 años, añadió.

De acuerdo con el concejal Acosta, en ese tiempo Miguel Moreno cedió el contrato a Bruno Felipe Acero Salamanca (representante legal de la Organización Acero, propietaria de Centro de Eventos Carpa Cabaret, American Circus, Parking Aceros y Taberna Show Carpa Cabaret).

Continuó la lucha con otro rostro

En 2011, el Consejo de Estado respaldó la terminación del contrato. Sin embargo, Acero Salamanca acordó con el Distrito la entrega voluntaria de los parqueaderos en febrero de 2012. Al cumplimiento del plazo exigió una indemnización de 900 millones de pesos, demuestra un informe de la Alcaldía de Bogotá.

Ese mismo año, por fin, el Distrito radicó una querella que daba orden al arrendatario de devolver los predios, pero este apeló ante el Consejo de Justicia y se encontraron fallos. Luego se archivó el proceso, se pidió al estado instaurar una nueva querella y el proceso sigue.

Si se hubiera cumplido las cláusulas iniciales, asegura el diario: “El Distrito hubiera recibido casi $14.000 millones. No obstante, según los archivos de la tesorería del IDRD, a la fecha sólo reposan comprobantes de 10 consignaciones en 1998, que suman $53 millones, es decir, un poco más de lo que puede recaudar durante un fin de semana de fútbol en El Campín”.

Por su parte, el concejal Julio César Acosta concluye que:

Desde el Concejo de Bogotá solicito que los organismos de control y las entidades distritales le den celeridad al fallo, que recupere de forma inmediata este predio que es de todos los bogotanos y no tiene porque estar enriqueciendo a un particular”.

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