Ocho meses después de que el Gobierno y autoridades del Chocó, uno de los departamentos más pobres del país, llegaran a un acuerdo para levantar las protestas que tuvieron lugar en agosto del año pasado, los chocoanos volvieron a las calles hoy porque aseguran, el Gobierno les ha cumplido solo el 5 % de lo prometido.

“El Gobierno nacional pretendió desconocer el acuerdo, como quiera que no ha cumplido sino un 5 % del mismo después de ocho meses, lo cual nos obligó a convocar nuevamente al pueblo a salir a las calles”, dijo el secretario ejecutivo del Comité Cívico Departamental por la Salvación y Dignidad del Chocó, Dilón Martínez.

El dirigente aseguró que esa región, fronteriza con Panamá y aquejada por delitos como la minería ilegal, enfrenta problemas de seguridad a raíz de la lucha territorial de distintos grupos armados para ocupar los espacios dejados por las Farc, la falta de vías, de infraestructura educativa y de salud.

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Martínez mencionó como uno de los problemas más graves la falta de un hospital bien dotado, lo que obliga a que muchos pacientes tengan que salir a otras regiones del país por vía aérea, ya que en el Chocó, un territorio en su mayor parte selvático, las carreteras son escasas y están en malas condiciones.

El líder social detalló que han llamado a un “paro indefinido”, cuya duración dependerá “de la voluntad que tenga el Gobierno”.

El defensor del Pueblo en Chocó, Luis Murillo, explicó a Efe que durante esta jornada se ha desarrollado una marcha por el anillo céntrico de Quibdó, la capital departamental, y que se han previsto algunos plantones.

“Está el comercio paralizado, todo el comercio de Quibdó se unió a la movilización”, añadió Murillo, quien señaló que la convocatoria “es a nivel departamental” y ha sido atendida en otras localidades.

El defensor regional advirtió que el Chocó afronta una “crisis humanitaria muy grave, porque no solamente el conflicto armado interno está matando y poniendo en riesgo los derechos de la población civil sino también un vacío o una debilidad en la garantía de derechos que está en cabeza del Estado”.

El conflicto se ha recrudecido en el Chocó con desplazamientos masivos de comunidades, ataques a la policía y secuestros por parte de grupos como la guerrilla del Eln y bandas criminales de origen paramilitar que se disputan los territorios de donde han salido las Farc por el acuerdo de paz.

La Defensoría del Pueblo convocó ayer a una reunión con delegados del Gobierno para analizar y hacer seguimiento a la crisis humanitaria que vive el Chocó.

El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret, citó la reunión para el próximo 1 de junio en la localidad de Docordó, del municipio Litoral de San Juan, una de las más afectadas por los grupos armados ilegales.

Con EFE

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