Desde que en 2006 Salvatore Mancuso, antiguo jefe del Bloque Catatumbo de las autodefensas, prendió el ventilador, 58 congresistas y excongresistas y 9 gobernadores, entre otros personajes públicos, han sido procesados por vínculos con paramilitares, recuerda El Tiempo.

No obstante, la alianza entre dirigentes políticos y estas organizaciones criminales que duró cerca de 8 años (del 2008 al 2006) e influyó en los comicios regionales del 2002, sigue viva pero con desmovilizados de las antiguas estructuras que hoy se conocen como bandas criminales emergentes, explica Semana.

Según un informe de la Procuraduría existen 519 procesos disciplinarios contra funcionarios y dirigentes locales por presuntos vínculos con grupos ilegales y 50 % de estas investigaciones se concentran en alcaldías, mientras que las gobernaciones, concejos municipales y asambleas departamentales son las entidades con presencia de vínculos con bandas criminales, destaca la revista.

Nepotismo armado

Pero pese a las condenas y las fuertes multas a los clanes políticos, ni el poder de estas familias ni su presencia e influencia en las regiones han sido golpeadas por la acción de la justicia, sostiene El Tiempo.

En un auténtico nepotismo (trato de favor hacia familiares o amigos) se convirtió el traspaso del poder de los viejos caciques electorales a los nuevos dirigentes regionales. Es así como esposas e hijos de ‘parapolíticos’ sostienen y administran el poder que alcanzaron durante el auge de los grupos de autodefensa, informó el periódico.

“Aunque el mapa político del país sufrió un terremoto, especialmente en la Costa Atlántica, muchos de los herederos de los condenados terminaron recuperando sus feudos electorales”, explicó El Tiempo.

León Valencia, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, aseguró en Semana que en al menos 10 departamentos del país (Arauca, Casanare, Santander, Valle del Cauca, Sucre, Cesar, La Guajira, Bolívar, Magdalena y Córdoba) se identificaron alianzas indebidas entre políticos y los nuevos paramilitares.

“Los directores de los partidos dicen que no hay delitos de sangre y que las personas no tienen antecedentes judiciales, pero lo que no reconocen es que muchos de sus candidatos utilizan la red de la parapolítica”, afirmó Valencia.

Entre las herederas de la ‘parapolítica’ en el Senado están Arleth Casado, esposa de Juan Manuel López condenado por el ‘Pacto de Ralito’, y Doris Vega que recibió el poder regional de Luis Alfonso Gil condenado por vínculos con paramilitares de Santander, recuenta el diario capitalino.

Entre los condenados están Mario Uribe Escobar, primo del expresidente Álvaro Uribe, Miguel Pinedo Vidal, Hugo Eliodoro Aguilar, César Pérez García y Javier Cáceres Leal, destaca el informe.

Por concepto de multas,  más de 110.000 millones de pesos no se han pagado al Tesoro Nacional y por lo tanto las víctimas directas de estas organizaciones siguen sin ser reparadas.

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