El proyecto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos arrancará con unas 560 familias de 25 caseríos aledaños al municipio La Montañita, en Caquetá, que se comprometieron a erradicar al menos 213 hectáreas.

El acuerdo, que aporta en gran manera a la meta que tiene el Gobierno de sustituir de manera voluntaria 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, contempla en el primer año una remuneración mensual de un millón de pesos para cada familia que se vincule al mismo, indica un comunicado de presidencia.

Además, por una sola vez, se entregará a cada familia 1’800.000 pesos para un proyecto que garantice su seguridad alimentaria de manera inmediata, y 9 millones de pesos para un proyecto de ingreso rápido

En el segundo año tendrán 10 millones de pesos para un proyecto productivo, además de programas de alimentación escolar y para la tercera edad, así como formalización de la tierra y créditos blandos, destaca el boletín.

Las comunidades de la región junto con representantes del Gobierno Nacional, departamental y municipal, así como las Farc, concertaron un diálogo para iniciar la sustitución de cultivos ilegales, en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

“Estos procesos significan iniciar la transformación de las regiones. Los acuerdos para la sustitución voluntaria nos permiten dar el primer paso en el fortalecimiento de la presencia institucional”, afirmó Eduardo Díaz Uribe, director para la Atención Integral de Lucha contra las Drogas de la Alta Consejería para el Posconflicto.

Por su parte, agrega la información, el Coordinador de la Oficina de Paz de la Universidad de la Amazonía, Jorge Pulecio, expresó la voluntad de la institución de aportar en la asistencia técnica para la construcción de alternativas productivas sostenibles de la mano de los campesinos que suscriben el acuerdo colectivo.

 

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