Además del vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, quien era director de la policía de Colombia en aquella época, tendrán que declarar Freddy Padilla de León, Mario Montoya, Guillermo Barrera, Jorge Ballesteros y Camilo Ernesto Álvarez, informa Caracol Radio.
Según Blu Radio, la notificación a los oficiales colombianos en retiro fue revelada por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos de Ecuador, y que se les llama porque tienen un expediente abierto en ese país.
Esa emisora interpreta que lo que hay en contra de Naranjo y los demás oficiales es una orden de captura: “Los jueces notificaron en su resolución que se deben presentar voluntariamente o se procederá a su ubicación, localización y captura para que se realice la audiencia de juzgamiento por los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Sucumbíos”.
También te puede interesar
Hay que recordar que en marzo de 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe y con Juan Manuel Santos como ministro de Defensa, Colombia bombardeó el campamento de Raúl Reyes, entonces perteneciente a la cúpula de las Farc, solo que lo hizo algunos kilómetros adentro de la frontera, en territorio ecuatoriano, lo cual fue visto por el gobierno de Rafael Correa como una invasión de la soberanía ecuatoriana.
“Se abre juicio para procesarlos por asesinato, pero estamos buscando incriminarlos por el crimen de lesa humanidad por la agresión premeditada contra personas que no pudieron defenderse”, explicó Luis Saavedra, director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, que representa a las familias de los cuatro estudiantes mexicanos que se encontraban en el lugar cuando ocurrió el bombardeo.
La corte ecuatoriana ordenó asimismo que los presuntos implicados comparecieran ante la Justicia nacional para dar trámite a la audiencia de juzgamiento.
Los jueces notificaron en su resolución que “se presenten voluntariamente o a su vez, se proceda a su ubicación, localización y captura de los procesados para que se realice la audiencia de juzgamiento”.
El responsable del INREDH consideró “poco probable” que se presenten los imputados a juicio y consideró la decisión de la corte “más bien de carácter político que con efectividad jurídica”.
LO ÚLTIMO
.svg)
