Ordóñez, exactamente, dice:

Teniendo en cuenta que es mi obligación velar por la vigencia de los derechos humanos y del orden jurídico, es mi deber advertir que actuar al margen de la Constitución implica consecuencias penales y disciplinarias, al igual que responsabilidad política ante los ciudadanos”.

El procurador Alejandro Ordóñez, en la carta, asegura que el acuerdo de protección jurídica para lo negociado con las Farc es “una acción que está al margen de la Constitución y que es incompatible con cualquier régimen democrático”.

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Según Ordóñez, ese acuerdo le da la mesa de La Habana un poder que no le ha sido otorgado.

“Lo que ustedes anunciaron al país conlleva a que el pueblo ya no es soberano y que la soberana es la mesa de conversaciones de La Habana”, agrega el Procurador.

Además, a criterio de Ordóñez, el acuerdo de protección jurídica le quita a la ciudadanía el poder de tener la última palabra sobre lo negociado con las Farc.

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