“Ante el impasse de la excarcelación de los presos de las Farc, es importante que los actores institucionales involucrados en el proceso de amnistía actúen con responsabilidad y celeridad para poner fin a una situación que debilita la construcción de la paz”, indicó el organismo en un comunicado.
La misión de Naciones Unidas, a cargo de verificar la reincorporación a la vida civil de los rebeldes, pidió solución a la “situación” de los guerrilleros presos seis meses después de la aprobación en el Congreso de una ley de amnistía y de decretos expedidos por el gobierno para agilizar este proceso.
“La detención de los miembros de las Farc en las cárceles por más de seis meses después de la aprobación por el Congreso de la Ley de Amnistía y dos semanas después de la finalización de la dejación de armas individuales, socava el proceso de reincorporación y la consolidación de la paz”, agregó.
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El acuerdo de paz firmado en noviembre entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, luego de cuatro años de negociaciones en Cuba, establece amnistías e indultos para los rebeldes acusados de delitos políticos o conexos.
Los miembros de las Farc señalados de crímenes graves deberán someterse a una jurisdicción especial también creada en el pacto.
Santos dijo el lunes que 7.400 miembros de las Farc habían sido amnistiados por decreto o vía judicial en el marco del acuerdo.
A la fecha hay unos 1.700 guerrilleros presos, cuyas amnistías deben ser otorgadas por jueces, según el ministro de Justicia, Enrique Gil.
Según el gobierno, la principal y más antigua guerrilla del continente tiene más de 12.000 miembros.
De ese total, casi 7.000 son ahora excombatientes que están concentrados en 26 zonas del país tras haber finalizado su desarme hace tres semanas, más de 2.600 son milicianos o colaboradores y otros 3.100 estaban encarcelados.
La misión de la ONU, que en un principio tenía el mandato de supervisar la dejación de armas, también pidió medidas frente a “la inseguridad” que padecen miembros de las Farc fuera de las zonas de concentración, por “amenazas y homicidios contra ellos y sus familiares”.
Los líderes guerrilleros han presentado constantes denuncias por la demora en resolver la situación jurídica de sus miembros y por los riesgos de seguridad para sus integrantes, de los que culpan a paramilitares de ultraderecha.
Con AFP
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