Gobierno: “Absurdo que fuera acuerdo con Farc”; Uribe: “Se vulneró un derecho”

Así reaccionaron el Ejecutivo y la oposición ante la decisión del Consejo de Estado de anular reelección del procurador Alejandro Ordóñez.

 
Alejandro Ordóñez.
Procuraduría General de la Nación

La decisión, de acuerdo con el magistrado Jorge Octavio Ramírez, vicepresidente del Consejo de Estado, “obedece a un proceso de reflexión de un tiempo bastante prolongado, lo que puede garantizar la independencia e imparcialidad del Consejo de Estado en esta y en todas las decisiones judiciales que adopta”.

Ramírez negó que se hubieran producido presiones en su caso y en el de sus compañeros. “Estoy seguro que la decisión se tomó ajustada a los cánones que debe tener un buen juez: la imparcialidad, la independencia y la objetividad”, precisó en declaración a los medios.

Desde la orilla del Gobierno, el secretario general de la Presidencia de la República, Luis Guillermo Vélez, dijo que los señalamientos de Ordóñez según los cuales la decisión del alto tribunal habría sido acordada en la mesa de negociación de La Habana, son “absurdos”.

“El Consejo de Estado ha fallado en derecho”, sentenció Vélez, de acuerdo con El Tiempo. “La Presidencia respeta las decisiones del Consejo de Estado, que debían haberse tomado hace rato, pero no se habían logrado por las maniobras dilatorias que el Procurador había impulsado. Se hizo justicia”.

Al referirse también al supuesto de que la anulación de le reelección del Procurador la acordaron Gobierno y Farc en Cuba, el comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, dijo: “La idea que desde La Habana se ejerció cualquier presión para sacar al Procurador es completamente absurda. Nosotros estábamos lo suficientemente ocupados discutiendo y peleando con las Farc para lograr un acuerdo como al que llegamos”.

Cuando conoció la decisión del Consejo de Estado, el senador y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, expresó su desacuerdo y el de la colectividad política que lidera, y dijo que se “ha vulnerado el derecho fundamental de […] Ordóñez a la participación en la función pública”.

“Dos procuradores se reeligieron en Colombia bajo la misma normatividad y en ese momento a nadie se le ocurrió que estuviera prohibida esa reelección. Se le ha afectado al Procurador el derecho fundamental a la función pública”, remarcó Uribe en su página oficial.

“Lo que sí preocupa es que mientras algunos no se ganaron el derecho fundamental a la elección, y se los van a dar a pesar del camino de la violencia, a quien se lo ganó en pleno derecho, hoy se lo quitan”, agregó Uribe.

Otras voces

La noticia provocó una natural oleada de opiniones que reflejan el variopinto modo de pensar del país.

“Esto va a ser un alivio para el proceso de paz”, dijo, por ejemplo, Mauricio Lizcano, presidente del Congreso. “El procurador Ordóñez desde hace varios meses venía haciendo pronunciamientos propios de un candidato presidencial y no de un procurador; esperamos que en adelante la Procuraduría actúe en derecho y no con intereses políticos”.

“Este es un país que vive en un Estado Social de Derecho donde deben ser respetadas las decisiones de las Altas Cortes”, añadió Lizcano, citado por El Espectador. “Si el Consejo de Estado determinó que el Procurador no puede seguir en su cargo y que además estaba inhabilitado para ser reelegido, pues todos los colombianos tenemos que respetarlo”.

Por su parte, el senador del Centro Democrático Alfredo Rangel sostuvo que, con la salida de Ordóñez, “los empleados públicos quedan ahora como carne de cañón electoral porque el Presidente se quitó de encima ese enemigo en la participación de los funcionarios públicos en la política. El Procurador siempre estuvo apegado a la institucionalidad y la ley”.

“El Procurador nunca ha dicho que lo estén persiguiendo ni políticamente ni jurídicamente. Y si nunca advirtió de esa situación y hoy se da ese fallo, creo que lo tiene que acatar”, terció Armando Benedetti, presidente de La U.

Otra voz en contra de la decisión del Consejo de Estado fue la de Hernán Andrade, senador del Partido Conservador, para quien el Senado obró a cabalidad porque no estaba prohibida la reelección de Alejandro Ordóñez.

“Nos solidarizamos como persona y gran procurador que fue. Esta decisión no tiene tintes políticos, no puede ser que en cada fallo así no se esté de acuerdo se invente que hay persecución política. Por eso, insisto, aunque no compartimos la decisión, la acatamos”, dijo.

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