Extaxista con discapacidad perdió tutela con la que pidió reglamentación de Uber

Rodrigo Orozco Gómez alegó que se estaba vulnerando sus derechos fundamentales, pues a través de la plataforma podía trabajar aún con la paraplejía que le produjo una herida con arma de fuego en un intento de robo cuando conducía su taxi.

Uber
Imagen de referencia| Getty Images

Luego de ese incidente, “tuvo que vender dulces en la calle y luego de un tiempo quiso volver a manejar un taxi pero por los altos costos no fue posible. La solución fue Uber, que, además, le permite descansar cada vez que lo necesita”, señala Caracol Radio.

El conductor exigió su derecho al trabajo, la igualdad, la vida en condiciones dignas y al mínimo vital, pues se sintió amenazado porque la aplicación no se ha regulado. Además de los ataques de taxistas y las sanciones de la Policía. También argumentó que tras perder la mitad de su capacidad, la aplicación le permitía mejorar su vida personal y laboral.

La Corte Constitucional también estudió la tutela de otro conductor, Álvaro Morales Guauta, que padece cáncer de próstata. “En el 2015 le hicieron un procedimiento quirúrgico, por lo que ahora tiene que ir al baño cada dos horas. Trabajar con la plataforma le permite cumplir con esa tarea”, agregó la emisora.

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Para los conductores, es claro que su oficio está en riesgo por la falta de reglamento al transporte que se desarrolla con vehículos particulares, los ataques de taxistas y las inmovilizaciones que hace la Policía.

Sin embargo, en la sentencia, la Corte no falló a favor de los dos hombres porque no encontró la razón por la que sus derechos fundamentales se ven vulnerados al no existir una ley clara: “El hecho de que un oficio no se encuentre regulado no puede significar de manera autónoma que existe una afectación de dichas garantías”, y porque no expusieron claramente “los argumentos por los cuales […] consideran que las normas existentes sobre la materia no les son aplicables”.

La Corte se refiere a la Resolución No. 2163 de 2016, en la que se reglamentó el transporte especial o de lujo y agregó que el Gobierno ya presentó un proyecto de ley para sancionar a los servicios de transporte no autorizado.

Respecto a su condición de discapacidad, el alto tribunal señaló que “quienes instauran la acción de tutela sean personas que merecen una especial protección constitucional, no quiere decir que esté permitido pasar por alto las normas que regulan el transporte, considerado como un servicio público y esencial, sometido al control de las autoridades”.

Por último, el fallo dice que la Corte carece de argumentos para intervenir en el asunto porque la acción de tutela está destinada a proteger situaciones individuales frente a actuaciones u omisiones que amenacen a una persona determinada, y en este caso no fue posible identificar cuál era la situación jurídica específica susceptible de protección concreta.

Por su parte, Uber emitió un comunicado en el que asegura que “la Corte se limitó a recapitular las pretensiones y argumentos de los intervinientes
en el proceso sin adoptar una posición de fondo, declarando únicamente la
improcedencia de la tutela como mecanismo procesal para obtener tales
pretensiones”.

“La Corte no declaró ni se pronunció, en aparte alguno de su sentencia, sobre la supuesta ‘ilegalidad’ de la aplicación”, añade la empresa.

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