El Fiscal General, en una entrevista a Noticias Caracol, desminitió que las Farc sea un grupo sin dinero, como en varias ocasiones han dicho, y que con un equipo de 300 personas se encuentra investigando la gran fortuna que en realidad poseen.

“Hemos logrado analizar ya 5’500.000 archivos electrónicos en donde están los activos de las Farc”, dijo Matínez, quien no dio cifras exactas pero adelantó que la guerrilla que está en el proceso de paz tiene “miles de inmuebles urbanos, miles de inmuebles rurales, de automotores, de dinero, de ganado, de empresas, establecimientos de comercio que tenemos ya identificados y que es lo que nos va a permitir iniciar un proceso de extensión de dominio masivo. Estamos hablando de billones de pesos”.

A la par de esta investigación, el primero de agosto próximo las Farc tendrán que entregar un inventario de sus activos, el cual será comparado con la información encontrada por la Fiscalía.

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Dentro de los bienes de esa guerrilla, Martínez asegura que hay “empresas con las cuales los ciudadanos de a pie tienen contacto todos los días” y que estas, al igual que sus testaferros, deben entrar en el marco de la Justicia Especial de Paz (JEP).

Parte de este dinero, según el Fiscal General, está establecido que sea para reparar las víctimas de las Farc, pero también para “el financiamiento de los programas contemplados en el Acuerdo final en el punto 3.2.2; y uno va a ese punto y resultan ser actividades relacionadas con programas económicos y sociales para la guerrilla”.

En medio de esta situación, Martínez además advirtió que existe una posibilidad de que los activos de las Farc entren a un fondo fiduciario en el que podrían tener parte del manejo.

“Se acaba de expedir un decreto, que hemos estado revisando con mucha atención en la Fiscalía, que es el 903 del pasado fin de semana, donde se establece que con ese inventario de bienes se va a constituir un fondo fiduciario que será administrado por el Gobierno pero conjuntamente con la comisión de la CICIP. Eso implicaría que las Farc tendrían, por la lectura que uno hace del decreto, capacidad de administrar sus propios bienes”, concluyó.

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