Así lo describe la revista Semana, tras analizarla a la luz de la entrega de las firmas para la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa y la discusión dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) de una propuesta para reglamentar esos procesos, que en esencia pedirá a los promotores pruebas del incumplimiento de los programas de Gobierno.
Otra manera de expresarlo: la revocatoria no prosperaría simplemente por la recolección de un número mínimo de firmas, que supuestamente muestran una insatisfacción generalizada, y la simple afirmación de que se ha incumplido el programa de gobierno.
Para Semana, un instrumento que tenía el sano propósito de promover la democracia participativa y la vigilancia de los gobernadores, en especial que cumplieran lo que prometieron en sus campañas, ha terminado desfigurado.
En especial, luego de que el hoy exvicepresidente Germán Vargas Lleras impulso una ley (la 1757 de 2015) que redujo los requisitos para la revocatoria, que lleva a que un mandatario se pueda revocar, como es el caso de Enrique Peñalosa y otros 100 en el país (el 10 % de los alcaldes), con aproximadamente la mitad de los votos con los que fueron elegidos y apenas un año en el cargo, tiempo insuficiente para periodos de gobierno de 4 años.
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“Una vez adoptada la reglamentación –si hay acuerdo entre los 9 miembros del Consejo– tendría que examinar, uno por uno, los 100 procesos en marcha… ¿Aplica la nueva reglamentación a los procesos en curso o solamente a los del futuro? Si los comités revocatorios insisten en su propósito, pero bajo las nuevas reglas de juego, ¿tendrían que volver a conseguir las firmas? ¿Con qué argumento se desconocerá –en el caso de Bogotá– la voluntad de 700.000 personas que ya firmaron?”, dice Semana.
Semana plantea otro interrogante fundamental, que responde El Espectador, fijando su posición en el editorial del periódico: “¿Tiene el CNE atribución para fijar estas normas o le corresponde al Congreso?”.
“Si bien estamos de acuerdo en que hay una inadecuada utilización de mecanismos que deberían ser para situaciones extremas, nos preocupa que una autoridad estatal se proclame con la potestad de decirles a los ciudadanos cuándo tienen suficientes motivos (o no) para ir a las urnas”, dice El Espectador.
El Espectador defiende que sea a través de firmas y votos que los ciudadanos decidan si una revocatoria tiene méritos o no. Que lo haga el Consejo Nacional Electoral –dice- se puede prestar para arbitrariedades y desincentivar la participación.
Pero El Espectador da un giro interesante en su análisis y defensa de la revocatoria tal como está establecida: asegura que se ha convertido en la práctica en “una segunda vuelta para alcaldías y gobernaciones cuyos ocupantes no obtuvieron más de la mitad de los votos”, por lo que aboga que se implemente la segunda vuelta, para aumentar la legitimidad política de los elegidos, que llegaría con una mayor cantidad de votos.
Pero, así como lo hace Semana, El Espectador lanza el mismo mensaje de crítica a quienes usan la revocatoria como “estrategia de oposición política para no dejar gobernar a quienes fueron elegidos por el voto popular”: le haría un favor a Colombia que los promotores de los procesos revocatorios entiendan que ese mecanismo está pensado para casos extremos de quiebre del orden institucional (Venezuela, paradójicamente, es un buen ejemplo de cuándo la revocatoria sería la única solución democrática, si acaso el Gobierno respetase las reglas de su propia Constitución) o engaños evidentes al electorado”.
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