El borrador del texto, escrito por la exministra Natalia Abello y publicado por Caracol Radio, busca “resolver la situación jurídica de los vehículos de transporte de carga que presentan inconsistencias en su registro inicial”.

El indulto aplicaría dentro de los dos años posteriores a la publicación del decreto, mediante la desintegración de el vehículo con inconvenientes o el pago de un “reconocimiento económico” cuyo valor iría de 63 a 89 millones de pesos según la configuración del vehículo.

Ese pago “a favor del tesoro nacional” sería “inmoral, ilegal e inconstitucional”, según explicó a Caracol Radio un expresidente del Consejo de Estado que pidió omitir su nombre:

“El Estado se autocorrompe al pedir dinero a los delincuentes para legalizar el fruto del delito. Es como decir que el Estado perdona el delito porque le dan plata”, dijo.

A favor del texto está el dirigente de la Cámara Nacional del Transporte, Alberto Palma, quien explicó a la emisora que detrás de muchos de los registros irregulares “hubo falsedad ideológica, falsedad documental, suplantación de personas, falsedad de firmas con la participación de funcionarios del Estado”.

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