Militares colombianos no responderían por crímenes atroces: Human Rights Watch

Como un “jaque mate a la justicia” calificó José Miguel Vivanco, director de la ONG, el acuerdo entre el Gobierno y las Farc.

 
HRW

En su más reciente análisis, la organización advirtió que si “las autoridades nacionales no están dispuestas, o realmente no puedan, investigar y juzgar”, casos como los ‘falsos positivos’, quedarían bajo la competencia de la Corte Penal Internacional, CPI.

HRW cree que al menos 3.000 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008, quedarían en la impunidad debido a que el acuerdo de justicia alcanzado en La Habana, prevé la creación de una nueva Jurisdicción Especial para la Paz que se encargaría de la mayoría de los casos, señaló la ONG en un comunicado.

Entre las advertencias más duras, HRW indicó que según “ciertas disposiciones”, las “autoridades no perseguirían penalmente algunos casos” y se eximiría de responsabilidad a los altos mandos del Ejército de la comisión de crímenes atroces cometidos por sus subordinados.

Resultados operacionales

“Los miembros del ejército condenados por la Jurisdicción Especial podrían eximirse de cumplir tiempo en prisión, y aquellos que ya han sido condenados por la justicia penal ordinaria podrían ser liberados”, señaló HRW.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, expresó que “el acuerdo es un jaque mate a la justicia”, porque el acuerdo es un conjunto de  “ambigüedades y lagunas” que podrían “garantizar que muchos de los responsables de falsos positivos, desde soldados de rangos inferiores hasta generales, no respondan ante la justicia por estos crímenes atroces”, señaló.

En otro aparte del comunicado, la ONG destacó que la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá “competencia exclusiva sobre los delitos cometidos por la Fuerza Pública que hayan tenido “relación directa o indirecta” con el conflicto armado” y es casi seguro que las investigaciones por ‘falsos positivos’ pasarán de la justicia ordinaria a la Jurisdicción Especial.

Se trata de una maniobra para evadir la justicia y beneficiarse de los términos acordados que obligaría a la suspensión de las penas, en ciertos casos, o en la imposición de condenas que irían desde los dos hasta los ocho años y no necesariamente en centros de reclusión, anotó la ONG desde Washington.

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