Las denuncias las hizo el Fiscal en el primer debate de ese documento que se adelanta en el Congreso. Aseguró que tiene información sobre nuevas personas que intentan colarse en las listas de las Farc para acogerse a la Justicia Especial para la Paz (JEP): “Esas listas hay que cerrarlas porque es una tentación para el diablo meterles la mano. Meter y sacar gente”, y que si no se hace pronto, se puede abrir el camino a la impunidad de muchos delitos.
Martínez agregó que los guerrilleros que hayan usado testaferros para ocultar sus bienes y no los delaten deben perder los beneficios.
Además señaló que el proyecto da la posibilidad de favorecer a quienes tienen vínculos con el narcotráfico: “Es decir, que si lo pillan tienen penas hasta de dos años, es lo que dice este proyecto. Que no tiene tratamiento penitenciario intramural, que tiene todos los beneficios, y que no tiene extradición”.
También hizo un llamado a prestarles más atención a los crímenes por falsos positivos. Según dijo, “a la fiscal de la Corte Penal Internacional le preocupa, y mucho, que se suspenda la jurisdicción frente a los graves crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad”. Enfatizó: “Puedo errar, pero son algo más de 40.000 pruebas en el año que llevo como Fiscal General de la Nación. En el caso de los falsos positivos”.
Martínez además hizo una grave denuncia al señalar que “grupos armados organizados, que existían con anterioridad, han empezado a ofrecerles a las bases guerrilleras que están pacíficamente en esas zonas, en Tumaco, a diferencia del nordeste antioqueño, salarios de ocho millones de pesos mensuales para entrar a engrosar sus filas”.
Aseguró que se creó un grupo de ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’, y que ya cuenta ya con más de 120 hombres alzados en armas. Según él, también está la ‘banda del Guacho’, que ya tiene 60 integrantes armados.
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Martínez dijo que quienes accedan a conformar esos grupos deben ser tratados como desertores y no pueden ser beneficiaros de la amnistía. Para el Fiscal, no se puede abrir la posibilidad de que entren “a una Bacrim hoy y el Estado le limpie todos sus pecados” y la Fiscalía le entregue su expediente con “antecedentes judicial ‘cero kilómetros’”.
Recalcó que “si el Gobierno no tiene sino un millón de pesitos para los cultivadores por mes, y las organizaciones criminales les están pagando 8 millones de pesos” se les debe persuadir con la consigna de que “tendrán que vérselas con la ley”. Por último preguntó si “¿esto es un estado incapaz de poder administrar el posconflicto?”.
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