¿Habrá refrendación popular para los nuevos acuerdos con las Farc?

Al menos hacia ese panorama apuntan los análisis de los principales medios del país que no ven viable, por mera praxis, que la refrendación y la implementación se desarrollen separadamente.

Aparentemente, la legalización de los acuerdos y su ejecución serán un solo proceso para destrabar el camino hacia la paz en las condiciones pactadas, antes de que el debate se contamine con las campañas políticas de 2018, aunque para Semana esto será inevitable y la refrendación se dará, una vez más, en las urnas.

Al respecto, la revista destacó lo siguiente:

Algo queda claro: la verdadera refrendación de este acuerdo de paz son las elecciones presidenciales del 2018. De quién gane en esta contienda, quiénes respaldan o quiénes rechazan el acuerdo, dependerá la calidad de la implementación, y la sostenibilidad de un proceso de paz que necesitará tres lustros para estabilizarse”.

Para El Tiempo, si bien la refrendación no es una obligación jurídica, de los tres caminos que tiene el Gobierno para alcanzar la legitimidad de los nuevos acuerdos (que siguen en vilo hasta tanto los promotores del ‘No’ examinen los cambios) la más viable y expedita es por la vía legislativa.

Esta vía tendría la legitimidad de que quienes se pronunciarían serían los representantes del pueblo, elegidos democráticamente, y que, adicionalmente, constituyen las principales fuerzas políticas del país”, señaló el periódico.

Una salida que tiene más elementos de urgencia política que de valores democráticos ya que excluye, de plano, que los colombianos acudan a las urnas o los cabildos municipales (las otras dos alternativas) para legitimar los acuerdos de La Habana.

Y hay serias razones para hacerlo: la primera es que no hay mucho tiempo para la implementación ya que el Gobierno y las Farc quieren evitar que los alcancen los debates electorales y la segunda, que se otorgue seguridad jurídica a los combatientes y milicianos para avanzar en el cronograma de desarme y reincorporación a la vida civil.

En ese escenario, en donde se espera además que la Corte Constitucional ayude declarando inexequible el artículo quinto del Acto Legislativo para la Paz y elimine la limitación de tiempo (de 6 meses prorrogables) para la formulación y el diseño de al menos 50 normas que regulen la implementación de los acuerdos, los colombianos partidarios del ‘Sí’ y los del ‘No’ ocuparán, posiblemente, el puesto de observadores de un proceso que correrá a velocidad luz y que tendrá que superar obstáculos y debates que se vislumbran y que son inevitables.

El Espectador 2020 advierte que el silencio del Gobierno y las Farc sobre este tema revela que para ellos el único camino posible e inmediato será la implementación. Citando a Iván Márquez , negociador de las Farc, el periódico señala que así “quedan sentadas las bases de una tarea más compleja: la construcción de una paz estable y duradera”.

Sea como sea, el presidente Santos tiene la obligación de definir el camino a seguir, pero existe la certeza de que el ejecutivo acudirá a la solución más segura (irá al Congreso, donde es mayoría) para alcanzar los propósitos de la paz.