El caso que aborda la periodista Angélica Barrera corresponde al de Fredy Pascagaza, un estudiante de derecho señalado de abusar sexualmente de una menor en Tocancipá, Cundinamarca, en mayo de 2016.
Hace un año y 3 meses, Pascagaza está en libertad luego de que fuera capturado por la Policía y de que la Fiscalía aportara algunas pruebas, entre ellas, la plena identificación que hiciera la víctima del presunto abusador y una sudadera con rastros de semen.
Pascagaza obtuvo la libertad por vencimiento de términos pese a que la Fiscalía le imputó los delitos de acto sexual a menor de 14 años, acceso carnal violento y secuestro simple agravado. La fiscal del caso dejó pasar los 120 días que la ley 1760 de 2015 establece como límite para las medidas de aseguramiento preventivas sin que inicie la audiencia de juicio.
El abogado de Pascagaza, Luis Rivera, dijo a Séptimo Día (en cámara escondida) que él impidió en 8 oportunidades que su cliente se sometiera a un cotejo de ADN para confirmar la muestra de semen encontrada en la ropa de la menor.
“Hubo una prenda, una sudadera que llevaba la niña puesta, que la recopilaron y delante mío en Medicina Legal lo han citado 8 veces para la prueba y yo no lo he llevado. Eso hace parte del manejo que uno le dé. Si bien un juez lo ordenó yo sé cómo manejo eso, o sea, unos sabe hasta dónde puede manejar eso”, manifestó Rivera a un productor del programa.
Las conducta del abogado Rivera podría ser sancionada por el Consejo Superior de la Judicatura porque aparentemente corresponde a maniobras dilatorias que se emplean para dilatar los procesos y forzar así la libertad de los sindicados.
Según datos de la Fiscalía, en tan solo 7 meses recuperaron la libertad 6.300 personas de las cuales 1.000 son reincidentes en delitos como hurto a personas. El 20 % de los casos corresponden a casos de abuso sexual, señaló el programa.
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El fiscal Néstor Humberto Martínez agregó que el caso como el de Pascagaza se repite por una razón inaceptable:
“Y es que como no hay cárceles, hay que sacar a los delincuentes de las cárceles pero el déficit en política pública en materia carcelaria no lo pueden pagar los ciudadanos con un sistema de leyes que facilita es la excarcelación de los delincuentes. Eso es perverso”, afirmó el funcionario a Séptimo Día.
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