Tan naturalizada está la violencia que aceptamos que nos “puteen”

La columnista Piedad Bonnett dice en su columna de El Espectador que no es “hora de callar” ante las manifestaciones violentas de la sociedad colombiana. Y para eso se apoya en el patético episodio del técnico Jorge Luis Pinto en el que golpea a su hija Verónica Pinto, el caso de los jugadores de Santa Fe y una prostituta y las denuncias de acoso laboral contra el director de La República, Fernando Quijano.

“Qué asco. Quijano escribió a Vice una carta donde no se ocupa de negar nada sino de hablar de la mediocridad de los periodistas, y se queja de que las denuncias sean anónimas. ¡Cómo si no supiera a lo que se exponen en una sociedad donde los poderosos se amangualan! Pero lo peor no es eso: en una carta a Quijano, 20 periodistas lo defienden y le dan las gracias porque aunque “…recibimos sus «puteadas» también”, ¡les enseñó mucho! Así de naturalizada está nuestra violencia”.

Gobierno espera alimentar la burocracia  con 149,3 billones de pesos

Es decir, más del 50 % del presupuesto asignado para el próximo año se invertirá en mantener la costosa maquinaria que le permite al gobierno Santos gobernar sin mayores obstáculos en el camino. Así lo presenta la columnista María Isabel Rueda en El Tiempo.

“La noticia es que subirán los gastos de funcionamiento en 6,3 %, de manera que 149,3 billones de pesos irán a alimentar la burocracia estatal y, por lo tanto, no habrá mayores recortes del gasto público, como nos lo había prometido este ministro de Hacienda. Siguen los viajes, las numerosas comitivas, los contratos administrativos, el pago a los ‘enmermelados’ asesores de la paz y las almendras. Mientras tanto, el rubro de inversión decrecerá, comparado con el del año pasado, en 16,8 %, situándose en la menguada cifra de 34,2 billones, con 5,5 billones menos para invertir. Esa es la realidad que va a encontrar el próximo gobierno”.

Ayudaría que los presidentes dejaran de comprar la justicia y las leyes

Eso dice Mauricio Vargas en su columna de este domingo en El Tiempo, pero advierte dos cosas: primero, que no importa quién nombre a los jueces si estos están dispuestos a venderse y segundo, que el gobierno deje de comprarlos con puestos y contratos.

“Si un alto magistrado de la nación es capaz de venderse por unos cuantos millones, qué importa si lo eligen por cooptación, si lo designa el Congreso o si lo nombra el mismísimo Papa. Mucho más útil sería que los presidentes de la República dejaran de comprar a los congresistas –y a los magistrados– con puestos y contratos, como llevan años haciendo. Eso solo, como una decisión ejercida en la práctica y sin necesidad de legislación, sería mucho más útil”.

Hay incentivos perversos que aumentan la degradación en Colombia

El editorial de este domingo del periódico El Tiempo llama a la serenidad de los colombianos para intentar superar la crisis que está originado la corrupción. Y propone buscar salidas.

“El reto, entonces, es apostarle a la resiliencia, que para este caso específico se concreta en transformaciones en distinto nivel, pero sin incurrir en demoliciones que de ningún modo se justifican. Cambios en algunas normas, tal vez, pero sin caer en el muy conocido fetichismo legal, gracias al cual se considera hecha la tarea una vez firmada la nueva ley, cuando es claro que el verdadero cambio depende de muchos otros factores”.

“Prohibir constitucionalmente el paramilitarismo”

No es una perversidad ni un contrasentido que tenga implicaciones en las cortes internacionales de justicia. Rodrigo Uprimny defiende, desde su columna en El Espectador, la determinación de que el Estado colombiano eleve a un rango constitucional la prohibición absoluta de esta práctica de la guerra sucia que en Colombia ha dejado una estela de miles de víctimas.

“La prohibición constitucional del paramilitarismo no nos permitirá superar mágicamente este atroz fenómeno que ha asolado a Colombia. Pero es un paso en la dirección correcta, pues permite dar sólidas bases constitucionales a la formulación de una política robusta para prevenir y sancionar el paramilitarismo y las complicidades que lo han hecho posible”.

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