Si llamamos las cosas por su nombre, los Úsuga no son un clan, sino una organización terrorista

El paramilitarismo nunca ha muerto; cambió de nombre, pero en funciones sigue en lo de siempre, advierte Alonso Sánchez Baute en su columna de El Heraldo, en la que critica una nota de El Espectador, y, a través de ella, al centralismo de Bogotá para denominar y enfrentar los problemas de la nación. Por ejemplo, se queja de que a esa organización criminal se le haya puesto desde Bogotá el nombre de ‘clan’, “una palabra despectiva usada en los medios nacionales para referirse a ciertas familias de provincia. No se escucha, por ejemplo, que de la familia del corrupto y condenado exalcalde de Bogotá se refieran como clan. Siempre dicen “los hermanos” o “la dinastía” Moreno Rojas […]. Los Nule, en cambio –que hacen parte de ese mismo carrusel de la contratación–, si son llamados ‘clan’. Cuando no dicen ‘clan’ dicen ‘poderosas familias’ para referirse a esas mismas familias que en Bogotá son ‘ilustres’”.

Hoy son más dicientes y numerosas las similitudes que las diferencias entre guerrillas y bandas criminales

Las guerrillas parecen más carteles que delincuentes políticos y las segundas quisieran disfrazarse de rebeldes, compara Mario González Vargas en su columna de El Nuevo Siglo. Pero, eso sí, las dos están fortalecidas por el emporio cocainero y avizorando beneficiarse con la impunidad acordada en La Habana. “Sus lazos de solidaridad se tejen en el delito, sin que en sus relaciones exista asomo de identidad o de diferencia ideológica y política”, agrega, y recomienda que el Gobierno debe tener claridad sobre el trato que debe dar a unas y otras: “La desarticulación definitiva de las organizaciones guerrilleras y el sometimiento a la justicia de las bandas criminales, sin caer en la trampa que lo primero se supedite a lo segundo”.

En Colombia, que se jactaba de tener el mejor español del mundo, se podría decretar el Estado de Emergencia Ortográfica

Es pésima la enseñanza de la ortografía en muchos colegios, es cierto, pero que no digan que los millones que cuesta un semestre de universidad eximen a las instituciones de educación superior del deber de enseñar a sus alumnos mejores competencias de lectura y escritura, asevera Paola Guevara en su columna de El País, de Cali. Ella dice haber conocido casos de estudiantes de quinto y sexto semestre a los que nunca nadie les habló de las palabras agudas, graves y esdrújulas. “Hay casos muy tristes, de estudiantes a punto de graduarse o en proceso de escribir su tesis, que no logran identificar el verbo en una oración, y mucho menos redactar una frase coherente (qué diremos de un párrafo)”.

La responsabilidad de la violencia en el fútbol es de todos los actores que intervienen en ese deporte

Es un tremendo error pensar que los violentos son únicamente los de las barras bravas, sostiene Antonio Casale en su columna de El Espectador. Para él, también son responsables la Policía, que es represiva o cómplice; los que corean los cánticos xenófobos o racistas desde todas las tribunas; y el que se cree dueño de un Estado paralelo y saca del estadio al prójimo, solo porque aparenta ser hincha del equipo rival. “Todos esos son responsables”, recalca, y extiende su listado: también son responsables los directivos que son violentos contra los árbitros, los técnicos que amenazan con pelear a puños con los demás, los jugadores que simulan faltas para engañar y los que abusan de la posibilidad del contacto para agredir al contrario de manera desleal. Incluso señala responsabilidades a los periodistas que abusan del lenguaje, “sin ser conscientes de la responsabilidad que implica el hecho de tener un micrófono, una cámara o una pluma”.

La solución adoptada por Francia de penalizar a los clientes de la prostitución va en la dirección correcta

“La prostitución es un infame negocio, basado en gran parte en la trata de seres humanos. Desde ese punto de vista, la decisión francesa no es un paso decidido hacia la abolición del comercio sexual, pero sí hacia su reducción”, resalta El País, de España, en su editorial, al reseñar la recién aprobada norma francesa que suprime la penalización de las prostitutas por ofrecer sus servicios y castiga hasta con 1.500 euros al que compra “un acto sexual” (las multas se elevan en caso de reincidencia), y prevé permisos de estancia para las personas —mayoritariamente extranjeras— dedicadas a esa actividad y que acepten dejarla, junto con una ayuda económica. “Conviene que tomen nota los países vecinos de Francia que mantienen todavía una amplia tolerancia hacia el ejercicio de la prostitución; y que, como en el caso de España, obscenamente pueden beneficiarse del incremento del turismo sexual que provoque el prohibicionismo francés”, añade.

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