Lo que calla el gobernador del Cesar sobre contrato de míseros alimentos para niños

El mandatario le dijo a Semana que “nunca supo”, antes, que la empresa que se ganó la licitación tenía otro nombre.

 
Foto: Semana

Sin embargo, dos documentos del proceso de contratación muestran que la gobernación del Cesar sabía que la Fundación Kábala había cambiado su razón social a Fundación Acción Social Integral, que es la que distribuye los alimentos a estudiantes de colegios del departamento.

El primero es una carta de la Red de Veeduría Derecho y Vida:

Carta veedor

Esa carta fue enviada a la gobernación del Cesar y recibida el 15 de enero de este año, como bien se puede comprobar en este pantallazo:

Firma recibido

El otro documento es el acta de la audiencia de adjudicación del contrato, que se llevó a cabo el 15 de enero de este año:

Acta de audiencia de adjudicación

Entre los firmantes del acta aparece Jaime Luis Pumarejo, secretario general del la gobernación de Cesar.

Cabe recordar que el pasado 24 de enero el Ministerio de Educación advirtió que Acción Social Integral es la misma Kábala, la fundación a la que decidió no prorrogarle un contrato para distribuir alimentos en el departamento de Bolívar.

Por ese motivo, la entidad le pidió a la Contraloría investigar si hubo irregularidades en la selección de ese contratista en Cesar y Valledupar.

Al respecto, el Ministerio comentó:

Era razonable esperar que las entidades territoriales conocieran acerca de los antecedentes de la Fundación. Sin embargo, a la luz de los resultados de los procesos contractuales pareciera que el desempeño de este operador en el departamento de Bolívar no fue objeto de revisión y/o calificación”.

Por otro lado, el gobernador Francisco Ovalle, gobernador del Cesar, le dijo a Semana que Acción Social Integral se ganó el contrato por una licitación. En efecto, eso es cierto.

Sin embargo, la fundación fue el único proponente, como se puede ver en la resolución de adjudicación:

Resolución de adjudicación

El monto de este contrato, de acuerdo con los documentos, es de 17.270 millones de pesos y tiene por objeto prestar el servicio “de alimentación escolar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados en las áreas rural y urbana del departamento del Cesar”.

Por Gustavo Gómez Martínez – Pulzo

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