A Ricaurte se le investiga por, según el ente acusador, haber dirigido la “organización criminal” conocida como el cartel de la toga, junto con el exmagistrado José Leonidas Bustos, al magistrado Gustavo Malo y los abogados Luis Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla.
Para la Fiscalía, esa “organización criminal” estaba dedicada a “cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad pública y la administración pública”, basada en el hecho de que Ricaurte y Bustos tenían los contactos políticos, “especialmente congresistas y gobernadores”.
De acuerdo con el ente investigador, el cartel de la toga utilizaba estrategias para manejar los procesos en la Corte Suprema de Justicia como “conseguir y utilizar la información privilegia que obtenían […], retardar los trámites, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a testigos, alteración de evidencias, todo con el objetivo de obtener decisiones con apariencia de legalidad que favorecían a los que ellos denominaban sus ‘clientes'”.
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Semejante entramado delincuencial se sustentaba, según el escrito de acusación, en la intervención “de los funcionarios del más alto nivel que tenían a su cargo el manejo de los procesos”.
La Fiscalía también asegura que esa “organización criminal” surgió en el año 2013, cuando Bustos presentó a Ricaurte con Moreno. En adelante, sostuvieron reuniones en las casas de Ricaurte y Bustos, en hoteles y restaurantes.
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