La pista de obstáculos que deben recorrer quienes aspiran a la eutanasia

La 'muerte asistida' y sus implicaciones aún son tema de debates en Colombia, donde el camino para lograrla es largo y espinoso.

 
AVNphotolab - IStock

Por supuesto, el primer reto para quienes sufren enfermedades terminales y quieren la eutanasia es obtener el visto bueno de sus familiares, convencerlos de que es la mejor opción, y conseguir su apoyo. Ahí, apenas empieza el camino.

Rechazo: aparece la barrera de los prejuicios sociales, la oposición de instituciones como la iglesia (que considera la eutanasia “un atentado contra la vida) o la Procuraduría; y la cultura, que “nos ha inculcado fuertemente que la muerte es mala, que la vida buena”, como explica a Semana la directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, Carmenza Ochoa.

Los médicos: por la naturaleza de su labor, siempre tienden a ofrecer alternativas y “argumentar que el paciente no ha tenido la suficiente atención del cuidado paliativo, que todavía podrían hacer alguna cosa”, agrega Ochoa en la misma entrevista.

El desconocimiento: la falta de información sobre los pasos a seguir, por parte de pacientes y los escasez de casos en el país, demoran los procedimientos.

Casos exitosos de eutanasia en Colombia:

El vacío jurídico: Aunque la Corte Constitucional desligó la eutanasia del concepto de homicidio y la despenalizó hace 19 años, aún no hay una ley que regule esta práctica en Colombia, expone la Universidad Simón Bolívar, por lo que los médicos también temen incurrir en un homicidio y traban las solicitudes.

El sistema de salud: Las instituciones de salud deben conformar ‘comités de científicos-interdisciplinarios para el derecho a morir con dignidad’* para certificar que el paciente realmente sufra una enfermedad terminal y sea totalmente consciente de la decisión, conforme a la Resolución 1216 de 2015 del Ministerio de Salud.

*Los Comités deben estar compuestos por “un médico con la especialidad de la patología que padece la persona, diferente al médico tratante”, un abogado y “un psiquiatra o psicólogo clínico” designados por la respectiva IPS, detalla la Resolución, gestiones que suelen tardar bastante en el país y prolongar el sufrimiento de los pacientes.

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