Ellos fueron condenados por el delito de cohecho en procesos que adelantó la justicia ordinaria tras el escándalo de la ‘Yidispolítica’ y que terminó con la reelección de Álvaro Uribe para el periodo 2006 – 2010.

La revista Semana cree que estos exfuncionarios del gobierno Uribe tendrían un gran interés en que la Justicia Especial para la Paz (JEP) supere los debates en el Congreso, para que entre a revisar sus casos a manera de una segunda instancia.

Todo porque ellos argumentarían que el delito por el que fueron condenados fue de carácter político y se cometió en el marco del conflicto armado.

“El argumento principal que hace factible la figura es que los delitos condenados por la Corte Suprema de Justicia tenían como fin asegurar la reelección de Uribe con el propósito de continuar la seguridad democrática, prioridad de ese gobierno”, indicó la revista.

En seguida, Semana agrega que “Uribe había alcanzado éxitos militares notables frente a la guerrilla, especialmente de las Farc, pero consideraba que para terminar la tarea de derrotarla necesitaba estar cuatro años más en el poder”.

Bajo ese supuesto, dice el análisis de la revista, la JEP podría admitir esos casos aunque no es seguro.

De hecho, a pesar de la clara oportunidad que se abre para que además de exfuncionarios también se cuelen a través de esa rendija, militares como los generales Rito Alejo del Río y Jaime Humberto Uscátegui y otros que condenados por parapolítica, la posibilidad de que el tiro les salga mal también es alta y se exponen a que “sus casos regresen a la justicia ordinaria, para recibir penas de hasta de 20 años”, apuntó la revista.

“Que gente de derecha tenga beneficios jurídicos a la par de los violentos de izquierda les servirá a los arquitectos de este modelo para demostrar que la paz completa sí es posible”, apuntó en ese sentido el columnista de Semana José Manuel Acevedo.

Un paso necesario, dice él, para darle legitimidad a un sistema que solo tiene legalidad.

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