El jefe del ahora partido político fue condenado en enero de 2012 a 25 años de cárcel por ese crimen. Por eso está entre los primeros 18 expedientes que entregó la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, a la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares.
De esta forma, este mecanismo comenzará el estudio de los casos en los que se dieron las violaciones más atroces violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario dentro del conflicto armado.
Entre los documentos también figura el del excongresista Luis Fernando Almario, investigado por supuestamente haber participado en la masacre de la familia Turbay Cotes el 29 de diciembre de 2000.
En ese hecho murieron Diego Turbay, su madre Inés Cote de Turbay y cinco de sus escoltas. Almario ya fue condenado por conformación de grupos paramilitares.
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Igualmente figura el caso de Marilú Ramírez Baquero, condenada a 27 años de prisión por ser cómplice en un atentado con carro bomba contra un complejo militar en Bogotá en 2006 que dejó 19 heridos y cuantiosos daños materiales.
Tanto los procesos contra los miembros del desaparecido secretariado de las FARC, como el adelantado contra Ramírez, estaban para ser revisados por la Corte en recurso de casación y ahora pasan a la JEP.
“Si le va bien a la JEP, le va bien al país. Tras la firma del acuerdo de paz del Gobierno nacional con la guerrilla de las FARC, la justicia sigue siendo una sola. Y, en este proceso de transición, tiene que estar acompañada de acciones que nos lleven a conocer la verdad y a reparar el daño causado”, dijo el magistrado Barceló.
Durante el acto de entrega, el magistrado agregó que todas las instituciones del país, incluida la Corte, deben apoyar los “procesos que nos llevarán a reconstruir una nación con millones de víctimas ansiosas de encontrar la paz y la tranquilidad que les fue arrebatada en medio siglo de conflicto armado”.
Con EFE.
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