Los 13 jefes pagarán un máximo de 10 años por narcotráfico hacia ese país.
Y tomando en cuenta a todos los paramilitares (con base en más de 40 casos revisados) que pagan condenas en Estados Unidos por la misma razón, el promedio de su condena será 7 años y medio.

La única excepción es Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, que tuvo una condena de más de 30 años, pero que espera una reducción de entre el 35 y 50 % por colaboración.

Los cálculos están contenidos en el extenso artículo del periódico ‘The New York Times’ titulado “Justicia interrumpida: paramilitares en Colombia, presos privilegiados en Estados Unidos”.

Los hombres extraditados… han recibido un tratamiento relativamente indulgente para ser narcotraficantes importantes que, además, han sido acusados de terrorismo por cometer masacres, desapariciones forzadas y desplazar a pueblos enteros”, dice el periódico.

Para el diario neoyorquino parece una condena insignificante, si se compara con los 12 años que reciben distribuidores locales de menos de 25 gramos de crack o cocaína.

El periódico asegura que 2 de los extraditados ya tienen autorización para quedarse en Estados Unidos con sus familias, 3 lo han pedido, y varios más lo harán, amparados en la Convención contra la Tortura, argumentando que serán torturados por el gobierno de Juan Manuel Santos cuando regresen a Colombia. Al quedarse en Estados Unidos no responderán por sus crímenes en Colombia.

Entre los que está confirmado se quedarán en Estados Unidos están Juan Carlos Sierra, alias ‘el Tuso’, que estuvo encarcelado 5 años, y Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, que estuvo 7. Entre los que se sabe han hecho solicitud para quedarse están Herbet Veloza García, alias ‘HH’, Mauricio López Cardona, alias Yiyo, y Guillermo Pérez Alzate.

AFP / Policía Nacional / Miembros de las AUC antes de ser extraditados. (I-D) Rodrigo Tovar, Manuel Torregrosa, Hernan Giraldo, Fernando Murillo, Francisco Zuloaga, Guillermo Alzate y Nodier Giraldo.

Entre los extraditados en 2008 por el entonces presidente Alvaro Uribe, y posibles beneficiarios de estos privilegios, están Salvatore Mancuso; Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’; Martín Peñaranda; Ramiro ‘cuco’ Vanoy; Juan Carlos Sierra, alias ‘el tuso’; Edwin Mauricio Gómez Lara; Diego Alberto Ruiz Arroyave; Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40′; Eduardo Enrique Vengoechea; Hernán Giraldo y su sobrino Nódier Giraldo; Manuel Enrique Torregrosa; Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don berna’; Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias ‘gordolindo’; y Ever Veloza, alias ‘HH’.

Al referirse a la revisión de los 40 casos de paramilitares, ‘The New York Times’ dice que la mayoría “fueron premiados generosamente por declararse culpables y cooperar con las autoridades de Estados Unidos. Fueron tratados como personas sin antecedentes penales pese a sus extensas carreras criminales en Colombia, y se les descontó tiempo en prisión por el tiempo pasado en cárceles colombianas —aunque el argumento oficial para extraditarlos es que cometían delitos desde el interior de esos penales—”.

Al describir la actitud de jueces y fiscales frente a los jefes paramilitares, ‘The New York Times’ cita fuentes que describen a Mancuso como un caballero (quien pasará solo 12 años en la cárcel, luego de un acuerdo en el que recibiría entre 30 y cadena perpetua) “realmente malo, pero no tanto”; Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40, implicado en actividades con “ciertas buenas intenciones”; Herbet Veloza García, alias HH, “acusado extraordinario por su conducta criminal grave, pero también por su extraordinaria cooperación”.

En alguna instancia, las autoridades parecían ver a estos hombres como ‘sustantivamente diferentes’ a señores de la droga que se mueven exclusivamente por el beneficio”, dice.

‘The New York Times’ explica el contexto en el que fueron extraditados los jefes paramilitares y describe la reacción del expresidente Álvaro Uribe como “consternación” cuando ellos comenzaron, en el marco de la ley de ‘Justicia y Paz’, a confesar no solo sus crímenes , “sino sus vínculos con sus aliados y parientes (los de Uribe)“. Además, hace eco de declaraciones del congresista Iván Cepeda, e incluso de los propios jefes paramilitares, según las cuales su extradición buscaba silenciarlos.

El caso que usa el autor del artículo como eje es el del paramilitar Hernán Giraldo Serna, conocido como ‘El Taladro’, por su apetito sexual por las menores de edad, en cuyo proceso, por vez primera, se va a escuchar en una corte de Estados Unidos el testimonio de la hija de un hombre al que asesinó y desapareció en Colombia, Julio Henríquez Santamaría, quien estaba organizando a los campesinos para que sustituyeran los cultivos ilícitos por cacao.

De otro lado, ‘The New York Times’ hace este comentario sobre lo que pasó con los paramilitares en Estados Unidos:

Uribe es el mayor crítico del proceso de paz con la guerrilla de su sucesor y acusa a Santos de lo que le acusaron a él en relación con los paramilitares: ofrecer impunidad a criminales de guerra”.