“Hemos encontrado nosotros indicios de posibles incumplimiento de deberes, incumplimiento de control interno, posiblemente uso indebido de influencias y omisión de denuncia”, afirmó el ministro de Obras Públicas y Transporte, Milton Claros, entrevistado por medios estatales.

Aunque el gobierno de Evo Morales ya empezó a tomar medidas sancionatorias contra algunos funcionarios sobre los que se presume su responsabilidad en el siniestro aéreo del pasado lunes, ahora busca elementos que se puedan usar para adoptar medidas más duras.

Lamia dijo en Bolivia que la nave, un BA-146 modelo RJ85, debió haber hecho reabastecimiento de combustible en el poblado boliviano de Cobija, en el extremo norte del país, para continuar su ruta a tierras colombianas.

El ministro Claros señaló que la investigación del gobierno busca saber cómo la nave hizo vuelo directo ese día, sin tener la suficiente autonomía de vuelo, y cómo obtuvo autorización para operar en Bolivia con un único aeroplano.

“Amerita sanciones drásticas al interior, en Bolivia, (y) las vamos a tomar, porque es un tema penal, porque se han sacrificado más de 70 personas en este tema, por una inacción, una irresponsabilidad, al cumplimiento de la normativa”, aseguró.

Claros identificó al empresario venezolano Ricardo Albacete como dueño del avión siniestrado, aunque la empresa como tal es boliviana.

También, señaló,  llama la atención que Steven Vargas, un funcionario clave de la DGAC boliviana, sea el hijo del director general de Lamia, el general de aviación Gustavo Vargas.

Steven Vargas fue destituido, dijo el ministro.

El general Vargas también fue piloto de Evo Morales, aunque el gobierno negó cualquier vínculo.

En la nave habían nueve tripulantes: siete bolivianos, un paraguayo y un venezolano. Dos de los bolivianos sobrevivieron, junto a cuatro brasileños.

AFP

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