Fernando Carillo, jefe del Ministerio Público, señaló que hay presuntas irregularidades en el manejo de personal y que se detectaron contratos de prestación de servicios que no tenían ninguna relación con la función original de la entidad, que es la educación, indicó Carrillo en rueda de prensa.

El Procurador indicó: “Vamos a proceder a las suspensión de los contratos, y si es necesario, vamos a suspender a los directores regionales del Sena que se prestaron para esta nómina paralela y para esta contratación, que por supuesto obedece a un fin distinto a lo que supone el cumplimiento de la función pública”.

El Grupo Élite Anticorrupción encontró evidencia que la contratación por prestación de servicios personales en el Sena superó los 32.000 contratos antes de que entrara en vigencia la ley de garantías electorales que restringe la contratación directa con el Estado.

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Además, 9 regionales del Sena serán investigadas por participación en política (Antioquia, Putumayo, Cesar, Caldas, Nariño, Norte de Santander, Santander, Atlántico y Magdalena). Además, dos contratistas fueron suspendidos por tres meses.

Entre tanto, la Procuraduría abrió investigaciones disciplinarias a José Antonio Lizarazo, director general de la entidad; a Enrique Romero Contreras, secretario general encargado; y a otros ocho funcionarios:
– Andrés Oswaldo Fajardo Cabrera, ex subdirector regional Putumayo.
– Orlando Fabián Saavedra Zuleta, director regional Cesar.
– Carlos Rafael Mero Freile, subdirector centro de operación y mantenimiento minero Cesar.
– Eduardo Oliver Mena, subdirector centro biotecnológico Cesar.
– Elkin Mauricio Ávila Osorio, subdirector centro de comercio y servicios y centro para la formación cafetera regional Caldas.
– Braulio Suárez Ortega, subdirector del complejo tecnológico para la gestión empresarial Caucasia, regional Antioquia.
– Pedro Pablo Bastidas Molina, subdirector centro internacional de producción limpia, regional Nariño.
– Demis Cristal Barrera Cótamo, subdirectora centros de formación, regional Norte de Santander.

El Procurador anunció que la entidad adelanta 88 actuaciones disciplinarias. Entre las faltas más comunes se encuentran 37 casos por indebida participación en política, 27 por violación de las normas legales, siete por comisión de delitos electorales y 17 por participación de funcionarios públicos en actividades de los movimientos políticos o utilizar su cargo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una campaña o candidato.

Carrillo agregó que se abrieron indagaciones preliminares a los alcaldes de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, y Chaparral (Tolima) Humberto Buenaventura Lasso. En el caso de Hernández Suárez se investiga una presunta presión al electorado al solicitar a los ciudadanos abstenerse de votar por un candidato en particular, mientras el alcalde de Chaparral es señalado de una posible omisión en el control a la publicidad exterior en el municipio.

Adicionalmente, el Ministerio Público compulsó copias para indagar si seis congresistas incurrieron en faltas disciplinarias. Se trata de:
– Argenis Velásquez, representante a la Cámara por Putumayo.
– Liliana Benavides, representante a la Cámara por Nariño.
– Julián Bedoya, representante a la Cámara por Antioquia.
– Hernán Penagos, representante a la Cámara por Caldas.
– Myriam Paredes, senadora.
– Manuel Guillermo Mora, senador.

El Sena, por su parte, afirmó en un comunicado que colaborará con las investigaciones de la Procuraduría.

La entidad aclaró que “cada una de las 33 regionales y los 117 centros de formación, son autónomos en la contratación del personal para la prestación de servicios, de acuerdo con las necesidades de atención a la ciudadanía. Los directores regionales y los subdirectores de cada centro de formación tienen la discrecionalidad y responsabilidad de dicha contratación, cumpliendo con las exigencias de idoneidad de cada aspirante”.