“Es un documento de valor periodístico, académico, pero ese documento, al no tener en sí mismo un valor judicial hoy en día, no es más que una impresión que da un tercero”, dijo Bernate, este viernes, en RCN Radio, y agregó:

El error está en creer que a partir de ese documento vamos a poder judicializar a los señores de las Farc”.

Además, los estándares que se usaron en el informe para atribuir responsabilidades no son los de la justicia nacional, sino de la justicia penal internacional, afirmó Bernate.

“Lo siento: en los juzgados colombianos usamos los estándares nacionales”, precisó el abogado.

El documento de Springer tampoco serviría para el tipo de justicia que se aplicará para responsables de crímenes cometidos en el marco del conflicto armado: “La justicia transicional puede tener un componente histórico y un componente político, pero en ningún caso sustituirá las autoridades nacionales”, añadió Bernate.

El informe podría servir como un criterio orientador que le sirva a la Fiscalía, pero no como prueba judicial, reiteró el abogado.

Bernate dio esta opinión sobre el documento de Springer, por el que el ente acusador pagó más de 3.000 millones de pesos, después de que ella, también en RCN Radio, hablara de los hallazgos de su investigación.

Según la analista, las Farc reclutó 9.166 menores de edad y secuestró otros 10.583. Así mismo, agregó ella, esa guerrilla recaudó en 30 años 5,1 billones de pesos por pago de rescates de secuestros.

Springer afirmó que, para proceder contra las Farc y el Eln, la Fiscalía necesita unos datos y que su informe los aporta.

De otro lado, cabe recordar que Eduardo Montealegre, anterior jefe del ente acusador, defendió uno de los trabajos de la analista con el argumento de que serviría “para establecer la responsabilidad de los dirigentes del Ejército de Liberación Nacional por violación al DIH [Derecho Internacional Humanitario] con el ataque a la infraestructura colombiana”.

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