El pronunciamiento sobre el asesinato de la niña Yuliana Samboní, de siete años en Bogotá, y la investigación que se adelanta en estos momentos contra el principal sospechoso del horrendo crimen: Rafael Uribe Noguera, la hizo el representante Germán Carlosama.

Según el congresista, si la justicia ordinaria no actúa prontamente en este caso y se empiezan a presentar “dilaciones”, ellos “como pueblos indígenas y en virtud del artículo 246 que nos faculta a ejercer nuestra propia justicia, podríamos analizar la posibilidad de que este caso sea remitido a la jurisdicción especial indígena”.

Esto, según Carlosama, porque la víctima pertenece a la comunidad indígena: “Imponer, en una audiencia que no duraría más de cinco días, una pena ejemplarizante de hasta 60 años de prisión y, con apoyo del Inpec, remitirlo a un centro carcelario”.

Este es el mensaje:

Para respaldar su proposición, el congresista recuerda que hace una semana hubo un caso de justicia ordinaria en el que el Consejo Superior de la Judicatura ordenó darlo a conocer a la jurisdicción indígena. Por eso, cree que en esta situación podría darse un fallo similar.

No obstante, Semana advierte que este es un tema “complejo” ya que se han presentado ‘choques’ en las altas cortes por la competencia entre una jurisdicción y otra.

Por el momento, el único sospechoso de este crimen es el arquitecto Rafael Uribe Noguera, y las autoridades competentes investigan si dos hermanos suyos fueron los que manipularon la escena del crimen para ocultar evidencia.