La información fue confirmada en Twitter por el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, que dijo que se garantizaron los derechos de los indígenas y que los acuerdos a los que se llegaron son “realizables y serios”.

Por su parte, el consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), Luis Fernando Arias, leyó un comunicado en rueda de prensa y detalló que la Minga por la vida, como denominan la protesta, alcanzó acuerdos nacionales “y se mantendrá en asambleas permanentes” para monitorear el cumplimento de lo pactado.

Dentro de los puntos que las comunidades trataron con los representantes del Gobierno figuran “garantías y derechos humanos”, “territorio y medioambiente”, “paz con justicia social”, “acuerdos incumplidos” y “garantías presupuestales”.

“También se estableció una agenda para la atención de las demandas a nivel regional donde se desarrollaron movilizaciones”, resaltó el vocero de Onic.

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“Visibilizamos al país la grave situación de derechos humanos que vivimos los pueblos indígenas, los sectores sociales y populares y la falta de voluntad que ha existido en el Gobierno Nacional para cumplir los acuerdos pactados en diversos escenarios de concertación y movilización”, leyó Arias, declaración que recoge EFE.

En este sentido, denunció que el Gobierno “ha sido complaciente con la violencia contra” los pueblos indígenas “y ha permitido que la desidia y el abandono sigan siendo la principal política pública” que se les aplica.

Como parte de la Minga, dijo, las comunidades ancestrales se movilizaron en más de 17 puntos del país con un saldo de “unos de 40 heridos, siete judicializados y un centenar de amenazas, así como el uso de armas no convencionales y no permitidas para la disuasión de la protesta social por parte de la fuerza pública”.

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