Cuando asuma en propiedad como nuevo fiscal General, en reemplazo de Eduardo Montealegre, el nuevo titular del cargo, Néstor Humberto Martínez tendrá que demostrar que cumplirá con los desafíos que hereda en materia de administración de justicia y que cumplirá con sus propósitos de reducir los niveles de impunidad y congestión carcelaria con los que se ganó el favor de los magistrados de la Corte Suprema.

Aunque entre los magistrados de la Corte goza de amplia aceptación, su inclusión en la tena no fue recibida con el mismo entusiasmo por parte de columnistas de medios y sectores políticos independientes que cuestionan sus numerosas relaciones profesionales y políticas que podrían afectar su independencia en el cargo.

Lo cierto es que Martínez acumulará un gran poder como el que representa administrar un presupuesto de caso 3 billones de pesos y una nómina de 30 mil funcionarios y la capacidad de llevar a la cárcel a contradictores y enemigos.

Estos son algunos de los asuntos que tendrá que afrontar Martínez

  1. Impedimentos.

Martínez Neira, cabeza del próspero bufete que fundó y que ha asesorado legalmente a las mayores empresas nacionales, recientemente se fusionó con la multinacional en asuntos legales DLA Piper, señala Semana.

Entre los grupos económicos a los que ha asesorado están Ardila Lülle, la organización Sarmiento Angulo y el Grupo Gilinski, señala Semana.

La misma publicación expone que sus funciones en la Fiscalía son en el ámbito de lo penal y no en lo administrativo y comercial que fueron las áreas en las que manejó los negocios de su oficina.

Preguntado sobre si tendrá que declararse impedido por haber manejado contratos de los grandes grupos, Martínez respondió:

No tengo ningún familiar que esté encausado por la Fiscalía General de la Nación y no conozco ningún cliente que tenga ningún cliente que tenga ningún encausamiento en la Fiscalía General de la Nación”,

dijo Martínez luego de su audiencia en la Corte, según publicó El Espectador.

2. Equilibrio político

Analistas creen que la designación de Néstor Humberto Martínez en la terna para ser elegido fiscal rompería la Unidad Nacional. Desde antes de su elección, la senadora Claudia López cuestionó a Martínez:

Eso va en contra de la transparencia y las garantías. Ese señor tiene conflicto de intereses pues ha sido abogado de todos los ricos y los poderosos de este país, ¿a quién va a defender, a los que ha ayudado a hacerse ricos?”,

dijo López en su momento en declaraciones que dio a El Espectador.

De acuerdo con el análisis de este medio, Martínez es muy cercano al vicepresidente Germán Vargas Lleras, como fundador del partido Cambio Radical, y su designación podría agrietar aún más la Unidad Nacional, integrada además por La U y el partido Liberal.

Sin embargo, de acuerdo con el análisis de La Silla Vacía, la astucia y habilidad como político y como abogado le permiten mantener alianzas con sectores políticos a pesar de defender posiciones  contrarias, como el manejo que le dio a la aprobación de la Ley de Equilibrio de Poderes hace un año.

3. Acercamiento con Uribe

Un efecto positivo que podría llegar a tener la designación de Martinez es que podría acercar un poco al sector del expresidente Uribe, que tuvo una áspera relación con el anterior fiscal.

Señala el Espectador que la no inclusión del fiscal encargado, José Fernando Perdomo, allegado a la casa Gaviria, fue un mensaje al uribismo.

Cuando fue ministro de la Presidencia, Martínez fue el único funcionario que tuvo un diálogo con el expresidente y logró su reconocimiento, aunque tampoco logró la mediación efectiva.

4. La continuidad de los casos clave para el país

Otra inquietud que queda en el ambiente es el futuro de algunos de los casos más sonados que dejó la administración Montealegre-Perdomo en proceso.

Algunos de ellos, según la columnista de El Espectador Cecilia Orozco, son:

  • Investigación contra Santiago Uribe por presuntos vínculos con grupos paramilitares.
  • El cartel de la chatarra y los vínculos con los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe.
  • Asesinatos de Jaime Garzón, Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez y otros crímenes de lesa humanidad.
  • Denuncias de corrupción en la Policía.
  • Crímenes de lesa humanidad de los grupos paramilitares y guerrilleros.
  • Carteles de corrupción en contratación pública, como infraestructura o refrigerios escolares.
  • Minería ilegal.
  • Desmantelamiento de las bandas criminales.

5. Justicia transicional y procesos penales de los desmovilizados de la guerrilla.

A Martínez le corresponderá la implementación de la justicia transicional, que consiste en la creación de un tribunal especial para la paz, que revisará la situación jurídica de los desmovilizados de la guerrilla y determinará si van a purgar las penas alternativas de máximo 7 años en condiciones especiales de privación de libertad o si se someten a las penas convencionales.

En su primera intervención apenas se produjo su designación, Martínez señaló que buscará que en ese proceso se garantice que no haya impunidad.

 

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