Como hace 30 años, ‘fuerzas oscuras’ aterrorizan a campesinos y líderes sociales

Van 124 homicidios desde que el Gobierno y las Farc se sentaron a hablar de paz y todo parece indicar que la cuota de muertos aumentará.

 
Paramilitarismo en Colombia
Paramilitarismo en Colombia / AFP

Para que la paz no dure lo que dura un ‘discurso’ el gobierno del presidente Santos debe investigar, identificar y judicializar a los responsables de las muertes selectivas que suceden en las regiones, señala Antonio Caballero en su columna de Semana.

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El riesgo de que la paz se deteriore y se reactive la guerra fratricida entre bandos es tan alta que si el Estado no identifica a los cabecillas de las matanzas, es probable que se repita la historia violenta contra “dirigentes regionales y comunales, activistas de derechos humanos, abogados de víctimas y de desplazados” que llevó al exterminio de la Unión Patriótica.

Y, tal vez, muchos temen que por ahí se resuelva el destino de quienes transitan por la militancia política del Movimiento Marcha Patriótica. “Nos están repitiendo la dosis” aseveró Aida Abella en una declaración agregada por el columnista.

No obstante, para Caballero no es difícil identificar quiénes podrían estar detrás de la nueva ola de crímenes sin resolver:

Los mismos viejos terratenientes de hace 30 años o los nuevos que en estos 30 años se han enriquecido con las tierras despojadas a muchos cientos de miles de familias campesinas”.

Gente muy poderosa que el uribismo ha llamado los “poseedores de nueva fe” o los “migrantes internos” que pregonó José Obdulio Gaviria. Es decir, explica Caballero, “los que no quieren devolver por las buenas lo que consiguieron por las malas”.

Hombres que el uribismo defiende y rehúsa cualquier sospecha criminal. Para ellos (los amos del nuevo manto de terror que cubre las regiones más apartadas del país) existe la ‘presunción de inocencia’, la misma que se les fue negada a las víctimas de la discriminación y que ahora subyacen en sus tumbas tras ser señalados de ser ‘guerrilleros’, destaca el columnista Javier Ortiz para El Espectador.

Mientras Sánchez Cedeño (alcalde de San Vicente del Caguán, Caquetá, de filiación uribista) abría la boca sin ningún respeto por la presunción de inocencia de Erley Monroy (asesinado) y otros líderes sociales, los perros con rabia de la maquinaria paramilitar babeaban, pelaban los dientes y, cuando llegó el momento, cazaron a Monroy y lo mataron. Dicen que el cuerpo fue encontrado cerca al Batallón Cazadores de San Vicente del Caguán”, destaca el analista.

Y agrega:

Señalar a alguien de guerrillero es una manera de mandar a “hacerle la vuelta”. Esto lo sabe bastante bien el Centro Democrático”.

Los asesinatos de activistas sociales no son hechos aislados, son la consecuencia de una “maquinaria criminal que defiende un modelo” y un estatus en el que se presume están los mismos actores que atizaron la violencia paramilitar: “jefes militares, dirigentes políticos, notarios, autoridades locales”, entre otros personajes, apuntó Antonio Caballero.

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